La Comisión Europea ha dado luz verde al programa de ayudas públicas impulsado por el Gobierno de Sánchez para financiar proyectos de producción de hidrógeno denominado «verde», un plan dotado con 440 millones de euros procedentes de fondos públicos.

El Ejecutivo comunitario ha concluido que el programa es «proporcional y adecuado» para impulsar este tipo de energía y considera que su impacto sobre la competencia será limitado. La iniciativa forma parte del esquema de subastas del Banco Europeo del Hidrógeno, un instrumento promovido por Bruselas para financiar proyectos vinculados a la transición energética y acelerar la estrategia climática de la Unión Europea.

Según la Comisión, el programa contribuirá a los objetivos del llamado Pacto Industrial Limpio, uno de los pilares de la agenda energética comunitaria, orientada a acelerar la descarbonización de la industria europea.

De acuerdo con las estimaciones del propio Gobierno español, el plan permitirá financiar proyectos capaces de instalar hasta 382 megavatios de capacidad de electrólisis, además de impulsar la producción de aproximadamente 243.800 toneladas de hidrógeno renovable.

Bruselas calcula que estas iniciativas permitirían evitar cerca de 1,79 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. El plan aprobado también busca contribuir al objetivo fijado por España de alcanzar 12 gigavatios de capacidad de electrolizadores para el año 2030, así como cumplir con las metas europeas sobre el uso de combustibles renovables en sectores como el transporte y la industria.

Las ayudas adoptarán la forma de subvenciones directas por cada kilogramo de hidrógeno producido, y podrán abonarse durante un periodo de hasta diez años una vez concedidos los proyectos.

España dispone ahora de doce meses para adjudicar estas ayudas, en un contexto en el que la Unión Europea impulsa una fuerte expansión de tecnologías energéticas emergentes mediante programas de financiación pública.

El desarrollo del hidrógeno verde se ha convertido en uno de los ejes de la política energética europea, aunque diversos analistas advierten de que se trata de una tecnología aún dependiente de fuertes subsidios públicos y con importantes desafíos económicos y tecnológicos.