La Unión Europea ha puesto en el punto de mira las ayudas al combustible aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido a España de que deberá retirarlas, en un movimiento que muchos interpretan como un paso más en la estrategia de Bruselas para acelerar el fin de los motores de combustión, según informa El Debate.

Hace apenas unas semanas, el Ejecutivo anunció descuentos de hasta 30 céntimos por litro para paliar la subida del precio de los carburantes derivada de la crisis internacional, especialmente tras la escalada en Oriente Medio. Sin embargo, en la práctica, el alivio real para los consumidores ha sido menor —en torno a 15 céntimos— debido al encarecimiento paralelo en las estaciones de servicio.

Pese a ello, la Comisión Europea ya ha trasladado su malestar. Considera que la rebaja del IVA aplicada por España distorsiona el mercado comunitario —al atraer conductores de países vecinos como Francia o Portugal— y, sobre todo, que favorece el consumo de combustibles fósiles, algo incompatible con la hoja de ruta climática de la UE.

En este contexto, Bruselas ha instado a revertir estas medidas y volver a una fiscalidad más elevada sobre el carburante, alineada con los objetivos de descarbonización. En otras palabras: subir el precio de la gasolina y el diésel para desincentivar su uso.

El trasfondo de esta presión no es menor. Desde la pandemia, la UE ha intensificado su agenda verde, imponiendo restricciones crecientes a los vehículos de combustión y obligando a la industria automovilística a reducir drásticamente sus emisiones bajo amenaza de multas millonarias.

Ahora, con el petróleo en niveles elevados y la inestabilidad geopolítica disparando los precios, Bruselas ve una oportunidad para acelerar el cambio de modelo energético, empujando a los ciudadanos hacia el coche eléctrico mediante el encarecimiento progresivo de los combustibles tradicionales.

La consecuencia inmediata podría llegar en las próximas semanas: una subida del precio de la gasolina en plena antesala de periodos de alta movilidad y un nuevo golpe al bolsillo de los ciudadanos. Todo ello en un escenario en el que la política energética europea avanza en una dirección clara: restringir el uso de los combustibles fósiles y forzar, de facto, la desaparición del motor de combustión en el continente.