La Comisión Europea ha vuelto a poner sobre la mesa una propuesta de reforma fiscal que podría golpear con especial fuerza a los europeos más pobres. En nombre de la lucha contra el tabaco y bajo el pretexto de mejorar la salud pública, Bruselas busca aumentar drásticamente los impuestos a los productos del tabaco, con subidas que podrían alcanzar el 60 % en países como Bulgaria, Grecia o Croacia. En España, el aumento iría alrededor del 50%.
Pero la realidad detrás del discurso edulcorado es otra: el verdadero objetivo es convertir estos impuestos en una fuente de «ingresos propios» para financiar el nuevo presupuesto comunitario, que se disparará hasta los 2 billones de euros a partir de 2028.
Según la propuesta presentada por la Comisión en 2024, el impuesto mínimo sobre los cigarrillos se elevaría un 139 %, pasando de los 90 a los 215 euros por cada 1.000 unidades. El tabaco para liar subiría un 258 %, mientras que los cigarros puros verían un aumento del 1.000 %. Por primera vez, los productos de «nueva generación» (tabaco calentado, bolsitas de nicotina, e-líquidos) también entrarían en el esquema fiscal comunitario.
Los países con los precios de tabaco más altos —Francia, Irlanda, Países Bajos, Finlandia y Bélgica— quedarían exentos del aumento obligatorio. Pero en el resto de Estados, especialmente en el sur y este de Europa, el impacto sería brutal: Bulgaria sufriría un aumento de casi 2 euros por paquete (60 %), Grecia del 38 %, Croacia del 36 %, Portugal del 24 % y España rondaría el 20 %.
Bruselas calcula que con esta maniobra podría recaudar 11.200 millones de euros al año. Sin embargo, ignora deliberadamente las consecuencias sociales y económicas del golpe: los fumadores más humildes pasarán a pagar cientos de euros extra cada año. En Bulgaria, un fumador habitual pagaría 645 euros más al año; en Grecia, 545 euros; en Italia, 415 euros.
Además, múltiples expertos y representantes del sector advierten que estas subidas fomentarán un nuevo auge del contrabando y del mercado negro, como ya ocurre en países como Francia o los Países Bajos. Las pérdidas fiscales por ventas ilegales, advierten, podrían incluso superar los ingresos esperados.
«El enfoque de la Comisión ignora la evidencia real: los impuestos altos no han reducido el tabaquismo, han alimentado el comercio ilegal, empobrecido a los ciudadanos y recortado ingresos a los Estados», denunció Cyril Lalo, director de relaciones institucionales en Imperial Brands, en declaraciones a The European Conservative.
Bruselas trata de revestir esta maniobra de una supuesta preocupación por la salud pública, pero el mismo modelo propuesto se contradice con los principios de «reducción de daño» que se promueven en países como Suecia. Por ejemplo, los impuestos sobre las bolsitas de nicotina serían seis veces más altos que en el país nórdico, pese a que su uso ha contribuido a reducir el tabaquismo entre jóvenes.
«Es un error tratar los productos de nueva generación como si fueran cigarrillos clásicos», explicó Lalo. «Estas medidas no solo socavan los esfuerzos de reducción de daño, sino que empujan a los consumidores al mercado negro».
La Comisión Europea de Von der Leyen, cegada por su ambición recaudatoria y su agenda ideológica, continúa aplicando una política fiscal punitiva que no mejora la salud pública, pero sí agranda la dependencia financiera de los ciudadanos hacia un poder burocrático y distante.