Hungría vuelve a ser un país a tener en cuenta para la Comisión Europea tras el terremoto político provocado por la victoria electoral de Péter Magyar, un cambio que ha bastado para que Bruselas suavice de manera inmediata la presión que durante años ejerció contra el Gobierno de Viktor Orbán por su rechazo a buena parte de las imposiciones ideológicas impulsadas desde las instituciones europeas.

Aunque el nuevo Ejecutivo todavía no se ha asentado plenamente y apenas se han producido reformas concretas en Hungría, en Bruselas ya se habla abiertamente de desbloquear fondos europeos y de relajar mecanismos sancionadores que permanecían activos contra Budapest. El simple relevo político ha bastado para modificar el tono de la relación entre la UE y el país centroeuropeo.

Durante más de una década, el Gobierno de Orbán mantuvo una confrontación constante con la Comisión Europea por cuestiones relacionadas con la inmigración, la soberanía nacional, la política familiar, la educación o la defensa de competencias estatales frente al creciente centralismo comunitario. Esa resistencia convirtió a Hungría en uno de los principales objetivos políticos de Bruselas.

La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, llegó a congelar fondos millonarios y activó procedimientos sancionadores bajo el argumento de supuestas vulneraciones del Estado de derecho. Sin embargo, la rapidez con la que ahora se plantea retirar parte de esas medidas ha abierto un intenso debate sobre si las sanciones respondían realmente a criterios jurídicos o a diferencias políticas e ideológicas.

De hecho, uno de los movimientos que ya se estudian es la paralización del procedimiento del artículo 7, el mecanismo más severo de la Unión Europea contra un Estado miembro. Lo llamativo es que el marco legal húngaro apenas ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es quién gobernará el país y la disposición del nuevo liderazgo a reducir el enfrentamiento verbal con Bruselas.

El futuro Ejecutivo encabezado por Péter Magyar promete mantener ciertas posiciones tradicionales de Hungría, como el control de las fronteras o la defensa de competencias nacionales, aunque utilizando un tono más conciliador con las instituciones comunitarias. Esa modificación del discurso parece suficiente para que Bruselas pase de considerar a Hungría un «problema» a tratarla nuevamente como un socio plenamente integrable.

El giro resulta especialmente visible en ámbitos estratégicos. Proyectos energéticos y estructuras clave para Hungría, como el oleoducto Druzhba, han dejado de presentarse como amenazas geopolíticas. Del mismo modo, determinadas inversiones industriales, antes criticadas desde sectores europeos, ahora empiezan a verse como útiles para la transición energética impulsada por la UE.

También en política exterior se aprecia un cambio evidente. La desaparición del veto permanente de Budapest en asuntos relacionados con Ucrania, las sanciones a Rusia o determinadas decisiones dentro de la OTAN facilita enormemente los objetivos de Bruselas y de sus principales aliados europeos.

No obstante, este acercamiento tiene costes políticos internos. Entre las cuestiones que ya generan polémica figura la posible revisión de la ley de protección infantil impulsada por Orbán, una normativa muy criticada desde Bruselas por limitar la exposición de menores a contenidos vinculados a la ideología de género y al activismo LGBT en centros educativos.

Precisamente, el nombramiento de un ministro de Educación cercano al activismo LGBT ha provocado malestar entre parte del electorado conservador y centrista que apoyó a Péter Magyar esperando únicamente reformas institucionales o económicas. Para muchos sectores húngaros, este movimiento demuestra que el acercamiento a la UE no será sólo técnico o financiero, sino también cultural e ideológico.

Al mismo tiempo, el nuevo escenario político ha abierto otra controversia: las investigaciones y posibles detenciones de personas vinculadas al anterior Gobierno. Desde distintos ámbitos se teme que organismos supuestamente independientes puedan utilizarse políticamente para escenificar una ruptura con la etapa de Orbán.

Todo ello ha reavivado el debate sobre el verdadero funcionamiento de la Unión Europea. Durante años, Bruselas defendió que sus mecanismos de presión eran neutrales y exclusivamente legales. Sin embargo, el cambio de actitud hacia Hungría antes incluso de que existan reformas profundas alimenta la percepción de que las discrepancias ideológicas con Orbán pesaron más que cualquier cuestión estrictamente jurídica.

El caso húngaro se ha convertido así en un ejemplo de una discusión mucho más amplia dentro de Europa: hasta qué punto un Estado miembro puede defender políticas soberanistas en inmigración, identidad nacional o educación sin enfrentarse a fuertes represalias políticas y económicas desde las instituciones comunitarias.