El Parlamento Europeo ha dado luz verde a avanzar en la creación del euro digital. En la sesión plenaria de hoy, 9 de julio de 2026, los eurodiputados han aprobado por 416 votos a favor, 169 en contra y 22 abstenciones el mandato de negociación para el paquete de la moneda única digital. Esto abre directamente la puerta a los trílogos (negociaciones a tres bandas) con la Comisión Europea y los Estados miembros, con el objetivo declarado de cerrar un acuerdo antes de que acabe el año.

El paquete incluye la regulación para emitir el euro digital como forma electrónica de dinero del Banco Central Europeo (complementaria al efectivo), la posibilidad de que proveedores de servicios de pago de países no euro lo distribuyan y, supuestamente, el refuerzo del estatus de curso legal del efectivo. Según el Parlamento, el euro digital ofrecerá «privacidad» y reducirá la dependencia de gigantes estadounidenses como Visa o Mastercard. Pero detrás de esta narrativa oficial se esconde un paso más en la construcción de un sistema de control financiero y social sin precedentes en Europa.

Del escaneo de mensajes al control del dinero

Tras meses de polémica por el llamado «Chat Control» —la iniciativa que permite escanear comunicaciones privadas en busca de material de abuso sexual infantil y que hoy sigue avanzando pese a la oposición de amplios sectores—, Bruselas ahora acelera en el terreno monetario. Ambas iniciativas comparten el mismo ADN: la centralización de datos sensibles de los ciudadanos bajo la excusa de la «seguridad», la «soberanía» o la «eficiencia».

El euro digital no es un simple «complemento» al efectivo, como se vende. Es una moneda programable emitida por un banco central que, por diseño, permite rastrear cada transacción en tiempo real. Aunque los defensores insisten en salvaguardas de privacidad, la realidad es que el BCE (y, por extensión, las autoridades) tendrán acceso a patrones de gasto, límites de tenencia (ya se habla de topes por persona) y la capacidad técnica de introducir restricciones programables: dinero que caduca, que sólo se puede gastar en determinados bienes o que se bloquea según criterios políticos o «de sostenibilidad».

El fin del efectivo, anunciado

En la práctica, la infraestructura digital será obligatoria para la mayoría de comercios y el uso del efectivo se irá marginando progresivamente, como ya ocurre en países que han avanzado en CBDC. Los más vulnerables —ancianos, personas sin acceso a smartphones o banca digital, o quienes prefieren el anonimato del dinero físico— quedarán excluidos o presionados a abandonar el efectivo.

Lo que se presenta como «protección de la privacidad» y «estabilidad financiera» es, en realidad, el siguiente peldaño hacia un modelo de control social total. Con el euro digital, las autoridades no sólo podrán vigilar qué compras haces, sino intervenir directamente en tu capacidad de gastar: congelar fondos, aplicar intereses negativos automáticos o condicionar el uso del dinero a comportamientos «deseables». Es el mismo principio que subyace al Chat Control: convertir la esfera privada (comunicaciones o finanzas) en un espacio vigilado y controlable por el poder.

Cronograma acelerado

Los trílogos comenzarán en las próximas semanas. El objetivo es cerrar la legislación antes de finales de 2026. Después vendría una fase piloto en 2027 y el lanzamiento pleno previsto para 2029. Todo ello sin un debate público amplio ni referéndums en los Estados miembros. La misma prisa que se ha visto con el Chat Control se repite aquí: presentar el proyecto como inevitable y «técnico» para que la ciudadanía acepte sin cuestionar la pérdida de soberanía sobre su propio dinero.

El euro digital no resolverá los problemas estructurales de la eurozona ni devolverá poder a los ciudadanos. Al contrario, consolidará un sistema en el que el dinero deja de ser un medio neutral de intercambio para convertirse en una herramienta de vigilancia y coerción. De Chat Control al euro digital, el patrón es claro: Bruselas avanza hacia un modelo de control social cada vez más sofisticado, donde la privacidad y la libertad económica son sacrificadas en el altar de la «soberanía digital» y la «protección». El efectivo, último refugio de anonimato, tiene los días contados si no se detiene esta deriva.