Diecinueve líderes de la Unión Europea han reclamado acelerar la creación de centros de deportación en países extracomunitarios para trasladar allí a los inmigrantes que no tienen derecho a permanecer en territorio europeo. España no figura entre los firmantes.

La iniciativa ha sido impulsada conjuntamente por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la jefa del Gobierno danés, Mette Frederiksen, y cuenta con el respaldo de una amplia mayoría de países del norte, el este y el sur de Europa.

Los mandatarios reclaman abandonar las discusiones interminables y comenzar a ofrecer «resultados concretos» a unos ciudadanos cada vez más preocupados por la inmigración ilegal, la inseguridad fronteriza y la incapacidad de los Estados para ejecutar las órdenes de expulsión.

«Ahora necesitamos mostrar resultados concretos que marquen una diferencia real para nuestros ciudadanos y avanzar con soluciones basadas en terceros países tan pronto como sea posible», señala la declaración.

Sánchez vuelve a aislar a España

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido mantenerse al margen de la propuesta de centros de deportación, pese a que España es una de las principales puertas de entrada de la inmigración ilegal hacia Europa. La Moncloa tampoco respaldó esta semana el acuerdo para que los futuros centros de deportación puedan financiarse con cargo al presupuesto comunitario a partir de 2028.

La posición española contrasta con la evolución de buena parte de la Unión Europea, donde gobiernos de distinto signo político han comenzado a asumir que el actual sistema de asilo y expulsiones no funciona. La propuesta cuenta incluso con el apoyo de dirigentes socialdemócratas, como Frederiksen, lo que demuestra que la externalización de las deportaciones ha dejado de ser una reivindicación exclusiva.

El modelo de Meloni con Albania

Los centros de deportación se instalarían en terceros países y recibirían a inmigrantes que ya hubieran llegado a suelo europeo, pero cuyas solicitudes de asilo se consideren destinadas al rechazo. Estas personas permanecerían allí mientras se tramita su devolución definitiva al país de origen o al territorio de tránsito desde el que entraron en Europa.

El modelo sigue la vía abierta por el Gobierno italiano con Albania. Meloni ha convertido la externalización de los procedimientos migratorios en uno de los principales ejes de su estrategia para recuperar el control de las fronteras y reducir el incentivo que supone alcanzar suelo comunitario.

La reforma migratoria aprobada en mayo proporciona ahora una base jurídica común para que otros gobiernos negocien acuerdos similares con países extracomunitarios. El Parlamento Europeo dio esta semana luz verde a la nueva regulación, que sólo necesita la adopción formal del Consejo para comenzar a aplicarse.

Una mayoría transversal reclama deportaciones efectivas

Además de Italia y Dinamarca, la declaración ha sido firmada por los mandatarios de Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia. La lista refleja un consenso que atraviesa las divisiones tradicionales entre conservadores, liberales y socialdemócratas.

Varios de estos países ya han manifestado su intención de negociar convenios con Estados terceros. Otros han iniciado contactos preliminares y reclaman un impulso político europeo que permita desarrollar el sistema con rapidez.

Los firmantes defienden que debe corresponder a las sociedades europeas decidir democráticamente quién puede entrar y permanecer en sus territorios. «Siempre debe ser una decisión democrática quién puede entrar y permanecer en nuestros países», afirman.

Centro de deportación: golpe al negocio de las mafias

Los diecinueve líderes sostienen que el sistema actual beneficia principalmente a las redes de tráfico de personas. Las mafias cobran miles de euros a los inmigrantes por trasladarlos hasta las fronteras europeas, conscientes de que, una vez dentro de la Unión, las probabilidades de expulsión efectiva son reducidas. La externalización busca romper ese incentivo.

Si alcanzar suelo europeo deja de garantizar la permanencia durante años, el negocio de los traficantes perdería parte de su atractivo y se reducirían los movimientos ilegales. Los mandatarios advierten además de que la inmigración está siendo utilizada como un arma de presión política por determinados regímenes y países vecinos.

La declaración reclama superar un statu quo en el que las mafias se enriquecen, las órdenes de expulsión no se cumplen y los gobiernos pierden el control sobre quién permanece en sus territorios.

Las expulsiones, el gran fracaso europeo

Uno de los principales problemas de la política migratoria comunitaria es la enorme distancia entre las órdenes de salida emitidas y las deportaciones finalmente ejecutadas. Miles de inmigrantes reciben resoluciones que los obligan a abandonar Europa, pero continúan dentro del territorio comunitario por falta de cooperación de sus países de origen, recursos insuficientes o interminables procedimientos judiciales.

Los centros exteriores permitirían mantener fuera de la Unión a quienes no cumplen las condiciones para recibir protección, evitando que desaparezcan dentro del espacio Schengen mientras se tramita su devolución. Los firmantes sostienen que el sistema respetará la legislación europea, los convenios internacionales y los derechos fundamentales.

España, de espaldas al nuevo consenso sobre los centros de deportación

El Gobierno de Sánchez y varias organizaciones humanitarias alegan que el modelo podría ser ineficaz o vulnerar los derechos de los inmigrantes. Sin embargo, la mayoría de los dirigentes firmantes considera posible aplicar estas soluciones con garantías jurídicas y mediante acuerdos transparentes con terceros países.

La discrepancia deja a Sánchez cada vez más aislado en un continente que ha comenzado a reconocer los efectos de años de políticas migratorias fallidas.