La ciudad austriaca de St. Pölten ilustra cómo, incluso en ciudades europeas pequeñas, el impacto social y presupuestario de la inmigración se ha convertido en un asunto central del debate político y económico, desmontando la idea de que la presión sobre los sistemas de bienestar es un fenómeno exclusivo de las grandes capitales.

Esta localidad, capital del estado federado de Baja Austria y con unos 56.000 habitantes, presenta unas cifras que han llamado la atención a nivel nacional. Según datos difundidos por la Agencia de Prensa Austriaca (APA), casi tres cuartas partes de las personas que reciben ayudas sociales en la ciudad no tienen ciudadanía austriaca, pese a que los nacionales representan la amplia mayoría de la población local.

En enero de 2026 se contabilizaron 1.278 beneficiarios de prestaciones sociales. De ellos, sólo 359 eran ciudadanos austriacos, es decir, un 28% del total. En contraste, los extranjeros concentraban el 72% restante del sistema de ayudas.

El peso de dos colectivos destaca especialmente dentro de esas cifras. Las personas de origen sirio y afgano absorben prácticamente la mitad de todo el gasto social municipal. En concreto, 528 beneficiarios proceden de Siria, lo que equivale al 41% del total, mientras que otros 99 son de Afganistán, cerca de un 8%. Entre ambos grupos suman el 49% de quienes reciben asistencia.

Estos datos han provocado una reacción inmediata del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), formación conocida por su discurso crítico con la inmigración masiva y partidaria de políticas de retorno. Su principal candidato regional, Martin Antauer, ha afirmado que la asistencia social «debería servir para apoyar a ciudadanos austriacos que atraviesan dificultades sin ser responsables de ellas, y no para sostener indefinidamente a personas que nunca han contribuido al sistema».

Antauer sostiene que el acceso a estas prestaciones debería estar vinculado a la nacionalidad austriaca, una postura que conecta con la creciente fortaleza electoral de su partido, que según los sondeos más recientes roza el 37% de intención de voto, situándose como la primera fuerza política del país.

El debate no se limita al ámbito local. Austria, al igual que otros países europeos, soporta un aumento constante del gasto público ligado a la inmigración, que incluye no sólo ayudas económicas, sino también vivienda, escolarización y servicios sociales. A ello se añade el problema del fraude, que según las autoridades afecta de manera desproporcionada a beneficiarios extranjeros.

Gerald Tatzgern, responsable de la lucha contra el fraude en prestaciones sociales, ha señalado que más del 70% de los sospechosos en este tipo de delitos no son ciudadanos austriacos. Entre las prácticas más comunes figura la declaración de domicilios distintos por parte de parejas que en realidad conviven, con el fin de maximizar las ayudas recibidas.

A este fenómeno se suma la preocupación por la criminalidad. Las estadísticas oficiales muestran que determinados grupos de extranjeros participan en una proporción de delitos muy superior a su peso demográfico, llegando a concentrar cerca de la mitad de las infracciones registradas en el país.

La situación de St. Pölten se enmarca así en una tendencia más amplia a nivel europeo. Estudios recientes han puesto cifras al coste acumulado de la inmigración en distintos Estados. En Países Bajos, por ejemplo, una investigación de la Universidad de Ámsterdam estimó que entre 1995 y 2019 los inmigrantes supusieron un gasto neto de unos 400.000 millones de euros. En Francia, diversos análisis sitúan el coste anual de la inmigración en torno a los 25.000 millones.

Todo ello alimenta un debate cada vez más intenso sobre la sostenibilidad de los sistemas de bienestar europeos y sobre hasta qué punto pueden seguir soportando el peso financiero de unas políticas migratorias que, según muchos críticos, están generando tensiones sociales incluso en las ciudades más pequeñas del continente.