A ochenta kilómetros del Círculo Polar Ártico, el supuesto motor de la descarbonización europea ha empezado a desmoronarse. Las pequeñas localidades heladas del norte de Suecia, convertidas en emblema del “nuevo sueño verde”, viven ahora la resaca de una apuesta política que ha puesto en jaque el dinero de los pensionistas y ha dejado al descubierto la fragilidad del modelo climático comunitario.

Durante años, la clase política sueca vendió el norte del país como el laboratorio perfecto para una “nueva revolución industrial” ligada a la energía limpia. El Gobierno destinó miles de millones procedentes del ahorro de jubilación de los trabajadores para financiar start-ups llamadas a liderar el futuro industrial europeo, incluida la primera acería levantada en el continente en medio siglo. Stefan Löfven, entonces primer ministro socialdemócrata, llegó a asegurar que este salto sería “tan transformador como el de hace 250 años”. Hoy, esa narrativa se ha evaporado.

Northvolt, la gran fábrica de baterías eléctricas convertida en símbolo del proyecto, se declaró en bancarrota el pasado noviembre. Stegra, la joya sueca del “acero verde”, atraviesa ahora una crisis financiera de 975 millones de euros y su cofundador, el multimillonario Harald Mix, ha abandonado la presidencia del consejo de administración.

La caída de ambas compañías ha destapado un escándalo de proporciones nacionales. El fondo público Andra AP Fonden (AP2) tenía 1.46 miles de millones de coronas suecas invertidos en Northvolt antes de su quiebra. A ello se suman 580 millones de coronas en Stegra y otros 193 millones a través de Just Climate, el fondo climático impulsado por el ex vicepresidente estadounidense Al Gore. AMF Pension, uno de los grandes fondos ocupacionales del país, reconoce también un riesgo cercano a los 1.9 miles de millones de coronas.

El agujero económico ha indignado incluso a los socios parlamentarios del Gobierno actual. El portavoz económico de los Demócratas Suecos, Oscar Sjöstedt, ha calificado la situación como un “juego con el dinero de los pensionistas” impulsado por el anterior Ejecutivo de izquierdas para promover sus políticas verdes sin importar las consecuencias.

Los economistas suecos coinciden. Magnus Henrekson, profesor del Instituto de Investigación de Economía Industrial, denuncia que los empresarios disfrutaron de las ventajas mientras las pérdidas se “socializaron”. Avisa de que la capacidad de los jubilados para mantener el valor de su pensión frente a la inflación no está garantizada. Y Rikard Eriksson, profesor de geografía económica en Umeå, recuerda que el propio Estado, a través de la Oficina Nacional de Deuda, avaló enormes cantidades que ahora recaerán sobre el contribuyente si las compañías colapsan.

El fracaso sueco llega en un momento crítico para Europa. La Unión Europea levantó su Pacto Verde sobre subsidios masivos, objetivos climáticos cada vez más rígidos y una apuesta industrial de alto riesgo. La pandemia, la inflación y la guerra en Ucrania han demostrado que estas políticas no resisten la realidad económica.

Suecia, pionera en el uso de fondos de pensiones para financiar proyectos nacionales, ofrece ahora una advertencia contundente: apostar los ahorros de millones de trabajadores a la volatilidad del “negocio verde” puede terminar en desastre.