«Es incompatible con la Constitución»
El Constitucional de Polonia tumba la norma que permite reconocer matrimonios entre personas del mismo sexo que se hayan celebrado en el extranjero
El Constitucional de Polonia tumba la norma que permite reconocer matrimonios entre personas del mismo sexo que se hayan celebrado en el extranjero
Bandera de Polonia. Europa Press
Por Bárbara Saavedra
28 de julio de 2026

El Tribunal Constitucional de Polonia ha tumbado este martes la normativa que permite reconocer matrimonios del mismo sexo celebrados de forma legal en otros países miembro de la Unión Europea tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obligaba al Estado polaco a expedir certificados a parejas que se hubieran casado en el extranjero.

El fallo del Constitucional -emitido por un panel de tres jueces presidido por el presidente de la corte, Bogdan Swieczkowski- apunta a que la normativa aprobada por el Ministro de Digitalización para permitir el registro de estos matrimonios es «incompatible» con el artículo 18 de la Constitución de Polonia.

El juez Stanislaw Piotrowicz ha argumentado que «no es admisible que una norma de rango superior», en alusión a la Constitución, «exprese el principio de heterosexualidad del matrimonio» y, al mismo tiempo, que haya «una norma de rango inferior» que introduzca modificaciones para expedir certificados de matrimonios en el extranjero que no constituyen «uniones entre un hombre y una mujer».

«El reconocimiento por parte de las autoridades polacas de una unión de dos personas del mismo sexo en el extranjero como matrimonio tendría que implicar una enmienda a la propia Constitución, así como una enmienda a la legislación aplicable, principalmente el Código de Familia y la Ley de Registro Civil», ha zanjado, según ha recogido la agencia de noticias PAP.

La decisión se produce después de que el Tribunal Supremo Administrativo de Polonia dictaminara el pasado mes de marzo que deben reconocerse este tipo de matrimonios, si bien la normativa del Gobierno del primer ministro, Donald Tusk, fue impugnada por diputados del conservador partido Ley y Justicia (PiS).

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