El Gobierno británico ofrecerá hasta 10.000 libras por persona a familias de solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada si aceptan regresar a su país de origen en un plazo de siete días. La medida, anunciada por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, forma parte de un programa piloto que prevé la participación de unas 150 familias y que podría suponer pagos de hasta 40.000 libras en el caso de una familia compuesta por dos adultos y dos niños.

El plan se dirige exclusivamente a familias cuya solicitud inicial de asilo ha sido denegada, que han agotado las vías de recurso contra su expulsión y que no mantienen procesos abiertos que impidan su salida del Reino Unido. El Ejecutivo pretende utilizar este incentivo económico para acelerar los retornos voluntarios de personas que ya no tienen derecho legal a permanecer en el país.

Según el Ministerio del Interior británico, el programa podría ahorrar hasta 20 millones de libras a las arcas públicas. Las autoridades calculan que alojar a una familia de cuatro personas en hoteles utilizados para solicitantes de asilo cuesta alrededor de 158.000 libras al año, un gasto que puede prolongarse durante un periodo indefinido.

El ministro del Interior, Alex Norris, ha defendido el proyecto y ha rechazado las críticas que lo califican como una recompensa por haber intentado permanecer en el país sin éxito o como un incentivo para que otros intenten llegar al Reino Unido. Norris sostiene que la medida responde al interés de los contribuyentes y que envía un mensaje claro a quienes intenten entrar ilegalmente en el país: si su solicitud fracasa, acabarán siendo expulsados.

El ministro vincula esta iniciativa con los cambios legales previstos para limitar el uso del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida familiar y que en algunos casos se ha utilizado para impedir deportaciones. Según ha explicado, la reforma pretende facilitar las expulsiones cuando las solicitudes de asilo han sido rechazadas.

El modelo que prepara Londres se inspira en un programa similar aplicado en Dinamarca. El Gobierno socialdemócrata danés llegó a ofrecer hasta 30.000 libras a inmigrantes para que aceptaran abandonar de forma voluntaria el país.

El Reino Unido ya mantiene un sistema de ayudas para extranjeros condenados por delitos y solicitantes de asilo rechazados que aceptan regresar a su país. Ese programa ofrece hasta 3.000 libras para facilitar su reintegración. El Ejecutivo ha destinado unos 20 millones de libras a ampliarlo a cinco países —Argelia, República Democrática del Congo, Marruecos, Somalia y Sri Lanka— cuyos ciudadanos concentran miles de solicitudes de asilo rechazadas en los últimos años.

Otros países cuyos nacionales pueden acceder a este apoyo incluyen Albania, Etiopía, Bangladesh, Ghana, India, Irak, Jamaica, Nigeria, Pakistán, Vietnam y Zimbabue.

El nuevo plan amplía estas ayudas al ámbito familiar. El propio Ministerio del Interior admitió el año pasado que las autoridades han tenido dificultades para ejecutar la expulsión de familias completas. En muchos casos, estas permanecen durante años en el Reino Unido con alojamiento y ayudas públicas a pesar de que su solicitud ha sido denegada.

Las autoridades también señalaron que esta situación genera incentivos perversos. Según el análisis oficial, algunos solicitantes consideran que tener hijos o formar una familia en el país puede dificultar su expulsión incluso cuando su petición de asilo ha sido rechazada.

En los últimos días, el Gobierno británico también ha anunciado nuevas medidas. Entre ellas figura la retirada del alojamiento financiado por el Estado a solicitantes de asilo que cometan delitos o trabajen ilegalmente. Además, el Ejecutivo ha adelantado que quienes obtengan asilo ya no recibirán automáticamente un estatus permanente de refugiado, sino que su situación se revisará cada 30 meses para evaluar si pueden regresar a su país si este se considera seguro.