El Partido Laborista, liderado por Keir Starmer, está planeando aprobar una ley que silencie las denuncias de los miles de británicos a las redes de mayoría pakistaní que abusaron sexualmente de menores durante décadas. La propuesta busca establecer una definición oficial de «islamofobia», una medida que podría ser utilizada para reprimir investigaciones y proteger a los agresores.

Un nuevo informe del grupo de expertos Policy Exchange ha señalado que este término ha sido empleado reiteradamente para disuadir a las autoridades de actuar en casos de explotación infantil. Según el documento, el temor a ser etiquetados como «racistas» o «antimusulmanes» ha llevado a muchas figuras con poder a ignorar los delitos cometidos por estas bandas.

El informe hace referencia a los abusos masivos ocurridos en Rotherham, donde se estima que al menos 1.400 menores fueron víctimas de agresiones sexuales entre 1997 y 2013. Policy Exchange denuncia que los atacantes recibieron un trato diferenciado por su origen étnico y religioso, lo que les permitió operar con impunidad durante años.

El mes pasado, el Partido Laborista votó en contra de llevar a cabo una investigación a nivel nacional sobre estos abusos, una decisión que generó fuertes críticas por parte de quienes exigen justicia para las víctimas. Entre los detractores de esta postura se encuentra el Dr. Philip Kiszely, del New Culture Forum, quien ha denunciado que ciertos sectores políticos han priorizado una visión idealizada de la multiculturalidad por encima de la seguridad de los niños británicos.

El informe también arremete contra la Comisión Islámica de Derechos Humanos (IHRC), calificándola de «actor malintencionado» por utilizar la islamofobia como un arma para desacreditar y amedrentar a quienes critican estos crímenes. En particular, se menciona el premio «Islamófobo del Año» otorgado por esta organización, que llegó a nominar a un investigador clave del caso Rotherham.

Ante estas acusaciones, la IHRC ha respondido acusando a Policy Exchange de emplear «tropismos racistas» y ha rechazado la existencia de «bandas de seducción», sugiriendo que las denuncias buscan demonizar a la comunidad musulmana sin fundamentos sólidos.