El Gobierno austríaco destinó más de 5,1 millones de euros de fondos públicos entre 2021 y 2025 a Asylkoordination Österreich, una organización dedicada a los solicitantes de asilo que posteriormente ha protagonizado campañas contra algunas de las principales medidas migratorias impulsadas por las propias autoridades del país.
Los datos proceden de respuestas oficiales del Ejecutivo al Parlamento después de varias preguntas formuladas sobre la financiación pública de la entidad. Asylkoordination recibió del Ministerio de Asuntos Sociales 1,02 millones en 2021, 1,21 millones en 2022, 1,18 millones en 2023, 1,48 millones en 2024 y 219.000 euros en 2025. En total, unos 5,12 millones de euros.
Además, la organización ha obtenido financiación procedente de otros departamentos del Ejecutivo austríaco. Una respuesta parlamentaria anterior cifró en más de ocho millones las cantidades vinculadas al Ministerio del Interior entre 2019 y 2024, aunque los distintos periodos y conceptos aconsejan no sumar automáticamente ambas cifras.
Contra la suspensión de la reunificación familiar
La controversia política surge por la oposición de la ONG a medidas adoptadas por Viena para endurecer su política migratoria. Asylkoordination Österreich criticó la decisión del Gobierno de suspender temporalmente la reunificación familiar de refugiados y participó en marzo en una protesta contra la medida. También se sumó a otras organizaciones para presentar una queja ante la Comisión Europea con el objetivo de cuestionar jurídicamente la suspensión austríaca.
La organización también ha mostrado su rechazo a las expulsiones de ciudadanos sirios, otra de las líneas defendidas por las autoridades austríacas dentro de su política de retorno.
La coalición de Gobierno formada por ÖVP, SPÖ y NEOS había incluido entre sus compromisos migratorios la suspensión de la reunificación familiar, mayores exigencias de integración y una política más restrictiva frente a nuevas llegadas.
La ONG asegura que su actividad política se paga con donaciones
Asylkoordination rechaza que las ayudas públicas financien su labor de presión política. La entidad sostiene que los fondos del Ministerio de Asuntos Sociales se destinan a proyectos concretos de asistencia, información, prevención de la violencia, apoyo psicológico y programas de integración.
La propia organización afirma que su actividad política y de defensa de los derechos de los solicitantes de asilo se financia deliberadamente mediante donaciones privadas, precisamente para mantenerla separada de las subvenciones estatales.
El caso ha alimentado el debate en Austria sobre el uso de dinero público para financiar organizaciones que, al mismo tiempo, mantienen posiciones abiertamente enfrentadas a aspectos centrales de la política migratoria del Gobierno.
