La última cesión del Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos separatistas se libra ahora en Bruselas. Los eurodiputados socialistas españoles han presentado enmiendas para tratar de impedir que la obligación de establecer un umbral mínimo de entre el 2 y el 5% en la ley electoral europea afecte a formaciones como el PNV, Junts, ERC, el BNG o incluso Bildu.

España es el único país de los Veintisiete que no ha ratificado la Decisión (UE, Euratom) 2018/994 del Consejo, de 13 de julio de 2018, que fija ese umbral. El texto fue aprobado por unanimidad en el Consejo Europeo —con el voto afirmativo del Gobierno de Sánchez— y por mayoría en el Parlamento Europeo. Sin embargo, siete años después, sigue bloqueado por decisión del presidente socialista.

El freno responde al pacto de investidura firmado con el PNV tras las elecciones del 23 de julio de 2023. En el punto sexto, bajo el epígrafe “Europa”, el PSOE se compromete expresamente a no impulsar ninguna modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) sin acuerdo previo con los separatistas vascos.

La nueva maniobra socialista, adelantada por El Confidencial, está liderada por la eurodiputada vasca Idoia Mendia y respaldada por Juan Fernando López Aguilar, además de otros eurodiputados de Alemania, Italia y Polonia. Han presentado tres enmiendas al informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) tras la visita a Madrid de una misión del Parlamento Europeo el pasado mayo.

El objetivo declarado es garantizar que “los umbrales electorales no socaven las posibilidades de que las minorías nacionales sean elegidas”. Con ello, los socialistas buscan blindar a los partidos separatistas que, de aplicarse el 5% en las últimas elecciones europeas, habrían quedado fuera de la Eurocámara. ERC, Bildu, BNG y Ara Més (coaligados en Ahora Repúblicas, con un 4,9%), Sumar (4,7%), Se Acabó la Fiesta (4,6%), Podemos (3,3%), Junts (2,5%) y la agrupación CC-PNV se habrían quedado sin representación. Sólo PP, PSOE y VOX habrían obtenido escaños.

Las enmiendas socialistas apelan a “las circunstancias específicas de cada país y sus regiones”, a informes de la Comisión de Venecia sobre la representación de minorías y a la diversidad territorial y lingüística de algunos Estados miembros.

Ahora comienza un proceso de negociación con más de un centenar de enmiendas registradas. El objetivo marcado por la Eurocámara para la aprobación definitiva del informe es el 3 de diciembre, en paralelo a otra propuesta de reforma electoral más ambiciosa planteada en 2022.