El Gobierno de Reino Unido ha anunciado en las últimas horas de este miércoles que los inmigrantes a los que conceda asilo «ya no tendrán automáticamente derecho a la residencia y a la reagrupación familiar», como parte de una estrategia con la que Londres pretende reducir el efecto llamada a la llegada de pateras y otras pequeñas embarcaciones a las costas británicas.

«No habrá un acceso fácil a la residencia en Reino Unido; hay que ganársela», ha afirmado el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado difundido por su Gobierno. «Creo que si alguien quiere venir a Reino Unido, debe contribuir a nuestra sociedad. Este es el enfoque tolerante y justo hacia la migración que caracteriza a nuestras comunidades, pero el sistema actual no es eficaz», ha argumentado el laborista.

De este modo, ha aseverado que «Reino Unido seguirá acogiendo a los refugiados legítimos que huyen de la persecución», pero que, en cualquier caso, «la residencia permanente debe obtenerse mediante la contribución al país, no pagando a traficantes de personas para cruzar el Canal de la Mancha en barca». A este respecto, ha destacado la necesidad de «abordar las causas que impulsan las travesías irregulares y peligrosas en pequeñas embarcaciones».

Según ha destacado el Ejecutivo británico, la reforma, que será introducida por la nueva ministra de Interior, Shabana Mahmood, a finales de otoño, pretende «reducir los incentivos para que los solicitantes de asilo viajen ilegalmente a Reino Unido, eludiendo otros países seguros», y «demostrarles (…) que Reino Unido no es un país débil».

Con respecto a los «refugiados legítimos», Londres ha anunciado que «no serán devueltos a su país de origen y, si se les concede el asilo, tendrán derecho a una protección básica». «Sin embargo, deberán seguir un nuevo proceso más largo para obtener la residencia, que incluye la obligación de contribuir, reemplazando los actuales cinco años, y no tendrán derecho automático a la reunificación familiar», reza el comunicado.

Entre las condiciones para lograr el derecho a la residencia permanente, el Gobierno británico exigirá a los inmigrantes «tener un empleo, realizar contribuciones a la Seguridad Social, no recibir prestaciones sociales, tener un buen nivel de inglés, no tener antecedentes penales y contribuir a la sociedad, por ejemplo, participando en actividades comunitarias».