El Gobierno británico ha abierto la puerta a prohibir los servicios VPN —herramientas que permiten navegar de forma anónima o acceder a contenidos restringidos por país— en el marco del controvertido «Online Safety Act«, una ley que, bajo el argumento de proteger a los menores, amplía el control estatal sobre el uso de Internet y refuerza la censura contra la llamada «discurso de odio».

La normativa, impulsada por el Ejecutivo laborista de Keir Starmer, impone una obligación de identificación en línea, incluso para acceder a plataformas de música o vídeo, con el objetivo declarado de impedir que los niños vean contenidos considerados «inapropiados». Sin embargo, las autoridades admiten que una parte creciente de los usuarios está usando VPN para sortear este control, lo que ha llevado al Gobierno a considerar su bloqueo total.

La secretaria de Estado del Ministerio de Economía, Liz Lloyd, reconoció ante el Parlamento que «no se descarta ninguna medida» y que el Ejecutivo «seguirá vigilando el uso de las VPN y otras técnicas de evasión». Aunque aún no existe un plan formal de prohibición, Lloyd señaló que «el Gobierno está recabando información sobre cómo los niños emplean las VPN» y que «todas las acciones futuras se basarán en la evidencia disponible».

El Online Safety Act —en vigor desde octubre— obliga a las plataformas a vigilar más de 130 delitos, entre ellos el «odio religioso», las «ofensas por orientación sexual» o el «daño psicológico no trivial». Si las empresas no cumplen, podrán ser multadas con hasta 18 millones de libras esterlinas, y en caso de reincidencia, sus responsables podrían enfrentar penas de cárcel.

En la práctica, la ley ya ha generado situaciones absurdas. Usuarios de Spotify en Reino Unido aseguran que deben escanear su rostro para verificar la edad antes de escuchar música, en un sistema implementado junto a la empresa de identificación digital Yoti. Quienes no superan la prueba, pierden el acceso a sus cuentas.

Otros internautas han denunciado bloqueos aleatorios de artículos sobre temas científicos o incluso la obligación de mostrar el DNI al pedir una pizza por Internet.