El Gobierno de Irlanda sigue adelante con su plan de censura pese al rechazo masivo de los ciudadanos. La llamada estrategia nacional contra la “desinformación” fue criticada con dureza en la consulta pública, donde el 83% de las respuestas expresaron un rechazo frontal, pero el ministro de Comunicaciones, Patrick O’Donovan, insiste en que el Estado debe combatir lo que denomina “chismes” en internet.

El plan contempla financiar medios tradicionales y apoyar a nuevos periodistas, siempre bajo la premisa de fomentar la dependencia de “fuentes confiables” aprobadas por el propio Ejecutivo. Lo más llamativo es que no se ha llevado a cabo ningún análisis sobre el impacto que estas medidas tendrían en la libertad de expresión, a pesar de que fue la preocupación más señalada durante la consulta.

Este movimiento evidencia una tendencia cada vez más peligrosa: sacrificar la privacidad y el debate libre en nombre de la “seguridad informativa”. Más que una medida para proteger la democracia, la estrategia parece diseñada para blindar al poder político frente a las voces críticas, consolidando un control estatal de la información que reduce al ciudadano a un receptor pasivo.