El Gobierno laborista británico ha adjudicado contratos por valor de 4,6 millones de libras (unos 5,3 millones de euros) para preparar dos grandes centros de alojamiento de solicitantes de asilo en zonas rurales de Inglaterra, pese a las protestas de los vecinos y sin haber aprobado todavía definitivamente los proyectos.
Según ha revelado el diario británico The Sun, el Ministerio del Interior ha firmado dos contratos para desarrollar las instalaciones en Barnham, en el condado de Suffolk, y en Piddington, cerca de Bicester, en Oxfordshire. Ambos centros podrían albergar conjuntamente a 2.187 hombres adultos, algunos de los cuales habrían llegado al país a través de rutas de inmigración ilegal.
En Barnham, las autoridades han adjudicado a la constructora Kier un contrato de 3,4 millones de libras para diseñar las instalaciones y preparar la adaptación de una antigua base militar que llegó a utilizarse como almacén de armamento y material nuclear. El proyecto, inicialmente concebido para alojar a 1.250 hombres, ha reducido su capacidad prevista a 931 plazas tras las protestas locales.
Los trabajos de diseño están programados hasta finales de enero de 2027. La iniciativa ha provocado manifestaciones de rechazo entre los residentes, que cuestionan el impacto del centro sobre una pequeña comunidad rural.
La situación también ha provocado una fuerte movilización ciudadana en Piddington, donde el Gobierno contempla habilitar otro complejo con capacidad para hasta 1.256 solicitantes de asilo durante un mínimo de diez años. En este caso, la empresa Reds(10) UK ha recibido un contrato de 1,2 millones de libras para realizar trabajos de arquitectura, ingeniería y evaluación técnica.
La oposición vecinal ha llegado hasta el punto de que los habitantes de Piddington organizaron un referéndum simbólico en el que 285 personas votaron a favor de declarar la independencia de la localidad del Reino Unido, frente a 26 que se pronunciaron en contra. La consulta, sin efectos jurídicos, pretendía expresar el rechazo a las decisiones del Ejecutivo.
Además, las autoridades británicas han recurrido a un procedimiento urbanístico extraordinario denominado Urgent Crown Development, que permite tramitar proyectos considerados urgentes y de importancia nacional al margen del procedimiento ordinario de autorización municipal.
El Ministerio del Interior sostiene que los nuevos centros forman parte de su estrategia para abandonar progresivamente el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles, cuyo coste, según el Gobierno, había alcanzado los nueve millones de libras diarios.
No obstante, el Ejecutivo ha reconocido que todavía no existe una decisión definitiva sobre la apertura de ninguno de los dos centros. También ha precisado que los 4,6 millones corresponden al valor de los contratos adjudicados y que no se han efectuado pagos anticipados: los trabajos se encargarán y abonarán únicamente cuando sean necesarios. Mientras tanto, los vecinos mantienen su rechazo a unos proyectos que podrían transformar durante años la vida de estas pequeñas localidades inglesas.
