El Reino Unido avanza hacia un modelo de vigilancia política cada vez más explícito. Miles de funcionarios han recibido instrucciones oficiales para monitorizar publicaciones en redes sociales que cuestionen la inmigración, según nuevas directrices emitidas por la Oficina del Gabinete y dirigidas al gigantesco Government Communications Service (GCS), un cuerpo de 6.000 empleados responsables de la estrategia comunicativa del Estado.

Las órdenes forman parte del llamado «Resist framework», un programa gubernamental que establece qué contenidos deben ser detectados, archivados y reportados por los funcionarios. Entre ellos se incluyen mensajes que expresen preocupación sobre alojamientos de inmigrantes, llegada de solicitantes de asilo, impacto en barrios concretos o menciones a determinados grupos étnicos. Todo ello aparece descrito como material susceptible de «polarizar el debate social».

La directriz surge en plena oleada de protestas tras la agresión sexual de una niña de 14 años a manos de un solicitante de asilo etíope alojado en un hotel en Epping, un caso que reavivó el malestar ciudadano ante el alojamiento masivo de inmigrantes en establecimientos costeados por el contribuyente. Sólo en hoteles, el número de migrantes supera ya los 32.000, mientras que más de 35.000 personas han cruzado ilegalmente el Canal de la Mancha desde comienzos de año.

El documento, distribuido también a cargos locales, incluye estudios de caso anonimizados con recomendaciones sobre cómo neutralizar información considerada «sensibilizante», sugerencias para crear «foros de cohesión» y el uso de técnicas de «prebunking«—un mecanismo preventivo para desactivar críticas antes de que se viralicen.

Desde Reform UK, el jefe de disciplina parlamentaria Lee Anderson denunció la deriva del Gobierno de Starmer: «Este Gobierno ha permitido la mayor invasión de nuestras costas en la historia moderna. Merece el máximo escrutinio, y el pueblo británico tiene todo el derecho a ejercerlo».

La polémica coincide con el creciente temor a que la Online Safety Act, aprobada bajo el pretexto de proteger a los menores, esté siendo utilizada para restringir el discurso político adulto. El propio diputado laborista Barry Gardiner reconoció que la ley también actúa contra expresiones «dañinas», entre ellas «sentimientos contrarios a la inmigración», admitiendo de facto que la crítica a las políticas migratorias podría convertirse en un terreno vigilado y punible.

Mientras el Ejecutivo defiende que estas medidas «protegen a la ciudadanía», crece la alarma ante un Estado que monitoriza y clasifica a quienes cuestionan la inmigración masiva, en un Reino Unido cada vez más propenso a la censura preventiva bajo la bandera de la cohesión social.