El Gobierno laborista británico afronta un nuevo escándalo migratorio después de conocerse que 21 viviendas nuevas en Stoke Heath, Shropshire, fueron reservadas para alojar a solicitantes de asilo mientras 131 veteranos permanecían en el registro de vivienda social del condado.

El caso, bautizado por los vecinos como «Migrant Street», ha provocado una fuerte indignación en Reino Unido y obligó al Home Office a paralizar el plan tras la presión de residentes, Reform UK y asociaciones de veteranos.

Las casas, valoradas en torno a 250.000 libras cada una, habían sido adquiridas por la empresa Serco, contratista del Ministerio del Interior para gestionar alojamiento de solicitantes de asilo. El proyecto contemplaba instalar hasta 83 personas en una pequeña localidad rural con escasos servicios, sin buenas conexiones de transporte público y con mala cobertura telefónica.

Veteranos en lista de espera

Según los datos publicados por la prensa británica, 131 veteranos constan en el registro de vivienda social de Shropshire Council. Siete de ellos habían presentado solicitudes por falta de hogar.

El contraste ha desatado una tormenta política. El portavoz de Interior de Reform UK, Zia Yusuf, calificó la situación de «vergüenza nacional» y denunció que quienes arriesgaron su vida por el país hayan sido relegados mientras se destinaban viviendas nuevas a solicitantes de asilo.

El consejo local culpa al Home Office

Shropshire Council, gobernado por los liberaldemócratas, se ha desvinculado de la decisión y ha señalado directamente al Home Office y a Serco. El consejo aseguró que la elección de Dutton Close para alojar solicitantes de asilo no fue una decisión municipal y que sus responsables habían expresado reiteradamente su oposición.

La autoridad local sostiene que Stoke Heath no es un lugar adecuado por su carácter rural, la falta de servicios, las limitadas conexiones de transporte y el impacto potencial sobre la infraestructura local. También confirmó que había trasladado sus objeciones al Ministerio del Interior y que estudiaba nuevas acciones.

Indignación vecinal

Los vecinos denunciaron que las viviendas estaban destinadas inicialmente a cubrir necesidades sociales o asequibles de la zona, pero terminaron asignadas a alojamiento migratorio. Algunos residentes alertaron de que la llegada repentina de decenas de personas a una comunidad pequeña y aislada podía generar tensiones y problemas de convivencia.

«Nos vamos a convertir en prisioneros en nuestras propias casas», declaró una vecina a medios británicos.

La presión social llevó finalmente al Home Office a detener el traslado de más solicitantes de asilo. Los que ya habían sido instalados fueron reubicados, según confirmó el diputado local Mark Pritchard.