Suecia ha endurecido su legislación migratoria para establecer como regla general la expulsión de los extranjeros condenados por delitos cuya pena sea superior a una multa. La reforma, en vigor desde el pasado 1 de septiembre, pretende multiplicar por seis las deportaciones por motivos de delincuencia, pasando de unas 500 a alrededor de 3.000 anuales, según las estimaciones del Ejecutivo sueco.
La nueva normativa amplía considerablemente los supuestos en los que los tribunales pueden ordenar la expulsión de ciudadanos extranjeros. Hasta ahora, la legislación establecía requisitos más restrictivos para adoptar esta medida. Con la reforma, también los delitos de menor gravedad podrán acarrear la expulsión del país.
Además, los fiscales estarán obligados a solicitar la deportación de los extranjeros procesados por delitos que reúnan los requisitos legales para su expulsión. Corresponderá a los tribunales adoptar la decisión definitiva atendiendo a la naturaleza del delito, el riesgo de reincidencia y las circunstancias personales del condenado.
La reforma también elimina la protección reforzada de la que disfrutaban los extranjeros que habían llegado a Suecia antes de cumplir los 15 años. Asimismo, endurece las prohibiciones de regreso al país, que podrán imponerse de manera indefinida en un mayor número de casos.
Otra de las modificaciones introducidas por Estocolmo consiste en que los tribunales penales dejarán de tener en cuenta los obstáculos prácticos para ejecutar una deportación a la hora de dictar una orden de expulsión. Dichas circunstancias serán examinadas posteriormente, durante el procedimiento de ejecución.
«Quienes vienen a Suecia y cometen delitos han agotado la hospitalidad sueca y deben ser expulsados», declaró el ministro de Migración, Johan Forssell, durante la presentación de la reforma. El titular de Migración defendió que el endurecimiento de la legislación busca garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger a las víctimas.
La normativa mantiene determinados requisitos adicionales para la expulsión de refugiados, ciudadanos comunitarios y extranjeros con determinados estatutos de residencia de larga duración.
La reforma forma parte del endurecimiento de la política migratoria y de seguridad emprendido por Suecia durante los últimos años, en los que las autoridades han tenido que hacer frente a la proliferación de bandas criminales, tiroteos y episodios de violencia vinculados al crimen organizado.