De ser un país rico en el que el futuro parecía asegurado a mediados de los noventa, Bélgica ha pasado, en apenas tres décadas, a convertirse en un ejemplo recurrente de estancamiento institucional, deterioro financiero y creciente inseguridad. El contraste con Países Bajos, su vecino inmediato y antiguo compañero de viaje económico, resulta hoy difícil de ignorar.

En 1995, ambos países partían de posiciones muy similares. Sus niveles de renta per cápita eran casi idénticos y figuraban entre las economías más desarrolladas del continente, justo cuando el euro comenzaba a perfilarse como proyecto común. Sin embargo, el tiempo ha jugado de manera muy distinta para cada uno. Mientras Países Bajos se ha consolidado como uno de los Estados más solventes de la eurozona, con una renta per cápita que hoy supera ampliamente a la belga, Bélgica acumula desequilibrios que la alejan cada vez más del núcleo estable europeo.

A pesar de mantener ingresos medios elevados —en torno a los 60.000 dólares por habitante—, la distancia con los holandeses no ha dejado de ampliarse y ya supera los 13.000 dólares. Más allá de las cifras, la sensación generalizada es que Bélgica se ha convertido en un Estado desordenado, especialmente llamativo por su ubicación en una de las regiones más ricas del continente y por estar rodeado de países relativamente estables.

Los problemas se repiten con un patrón conocido en el sur de Europa: déficits persistentes, deuda pública elevada, infraestructuras envejecidas, un mercado laboral rígido y fragmentado y una burocracia que dificulta cualquier reforma profunda. A ello se suma un dato especialmente sensible: alrededor del 60% de las personas desempleadas en Bélgica son de origen extranjero, lo que refleja tensiones estructurales en la integración laboral y social.

Este contexto ha creado, según diversos analistas y magistrados, el caldo de cultivo perfecto para el auge del crimen organizado. Un juez de Amberes, que ha tenido que vivir bajo protección policial tras recibir amenazas, llegó a advertir públicamente de que Bélgica se acerca peligrosamente a la condición de «narcoestado». En una carta abierta recogida por el Financial Times, alertó de que las redes criminales ya no se limitan a la delincuencia común, sino que están socavando instituciones clave, incluidos la policía y el sistema judicial.

El epicentro de este problema se encuentra en Amberes, cuyo puerto —el segundo más grande de Europa— se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de cocaína al continente. Investigaciones basadas en mensajes cifrados entre narcotraficantes han sacado a la luz una extensa economía sumergida y sofisticadas operaciones de blanqueo de capitales ligadas a la actividad portuaria.

A la inseguridad se suma una situación fiscal cada vez más delicada. Un amplio reportaje de Politico describía recientemente a Bruselas como una ciudad atrapada entre tiroteos, deuda creciente y bloqueo político. La capital concentra algunos de los peores indicadores: retrasos en proyectos de infraestructuras, congelación de subvenciones, incertidumbre en la financiación de servicios sociales y un endeudamiento que se acumula a gran velocidad.

El problema se agrava por la compleja arquitectura institucional del país. Bélgica cuenta con múltiples niveles de gobierno, sistemas educativos diferenciados y cuerpos policiales fragmentados, una estructura costosa e ineficiente que dificulta la coordinación y dispara el gasto público. Según un informe de la firma Natixis, el panorama político sigue siendo extremadamente frágil. El Ejecutivo liderado por Bart De Wever, formado en febrero de 2025 tras más de siete meses de negociaciones, se sostiene sobre una coalición heterogénea y enfrenta serias dificultades para aprobar unos Presupuestos estables.

El riesgo de volver a un sistema de duodécimas provisionales en 2026 es real, al igual que la posibilidad de un colapso del Gobierno durante las negociaciones presupuestarias. Todo ello ocurre en un país profundamente dividido: un norte flamenco más rico y dinámico, cercano al modelo neerlandés, y un sur francófono con menor renta y mayores tasas de paro, una brecha que bloquea acuerdos de calado.

Las previsiones fiscales no son alentadoras. El déficit público podría superar el 5% del PIB en 2025 y mantenerse cerca de ese nivel durante varios años, empujando la deuda pública —ya en torno al 107% del PIB— todavía más arriba. Los analistas advierten de que Bélgica se aproxima peligrosamente a una senda similar a la de Francia, con déficits elevados y escaso margen de maniobra.

En este escenario, la advertencia del magistrado de Amberes cobra un peso especial: la consolidación de estructuras mafiosas como poder paralelo no es una consecuencia aislada, sino el reflejo de un Estado que ha ido perdiendo capacidad de control interno. Así, un país que hace treinta años era sinónimo de estabilidad y prosperidad se enfrenta hoy a una combinación explosiva de fragmentación política, fragilidad financiera y criminalidad organizada que amenaza con desbordar sus instituciones.