
El acuerdo migratorio entre Reino Unido y Francia para devolver a territorio francés a inmigrantes llegados en pequeñas embarcaciones está costando alrededor de 56.000 libras —unos 65.500 euros— por cada persona enviada de vuelta al otro lado del Canal de la Mancha.
La cifra ha sido reconocida por la ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, durante una comparecencia ante el Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes. «Para las personas que han sido devueltas hasta ahora, creo que son unas 56.000 libras por persona», señaló la dirigente laborista, que se comprometió a remitir posteriormente un desglose actualizado de los costes.
El importe supera además el coste medio calculado por el propio Ministerio del Interior para una devolución forzosa ordinaria. En el ejercicio 2024-2025, cada expulsión obligatoria costó de media 48.800 libras, mientras que una salida voluntaria se situó en apenas 4.300 libras.
Desde que el programa comenzó a funcionar en agosto de 2025, unas 1.400 personas han sido enviadas de vuelta a Francia, según la cifra facilitada ahora por Mahmood. Aplicando el coste medio reconocido por el Gobierno, el desembolso ascendería a alrededor de 78 millones de libras —unos 91 millones de euros—.
El mecanismo, conocido como «one in, one out» —uno entra, uno sale—, no consiste únicamente en devolver inmigrantes a Francia. El acuerdo establece que por cada persona que Reino Unido retorna a territorio francés, Londres debe admitir a otra procedente de Francia, siempre que cumpla los requisitos de elegibilidad, documentación y seguridad establecidos por las autoridades británicas. El propio Gobierno británico presenta el sistema como un instrumento para disuadir las travesías ilegales en pequeñas embarcaciones.
Las cifras oficiales muestran hasta qué punto la reciprocidad forma parte del pacto. Entre agosto de 2025 y el 30 de junio de 2026, Reino Unido devolvió a Francia a 1.087 personas, pero recibió desde Francia a 1.117 mediante la nueva vía legal creada por el acuerdo.
El coste comunicado por Mahmood incluye gastos vinculados con detención, seguridad, procedimientos legales y transporte, además de la operativa necesaria para trasladar al Reino Unido al número equivalente de personas admitidas desde Francia.
La ministra defendió el desembolso alegando que continúa siendo «más barato, o aproximadamente igual», que mantener durante un año a una persona alojada en un hotel sufragado por el Estado. Mahmood también admitió que el volumen de devoluciones continúa siendo «relativamente pequeño» y que incrementar el número semanal de expulsiones ha resultado «operativamente difícil» para ambos países.
El programa ha sufrido además otro revés: algunas de las personas devueltas a Francia han conseguido volver posteriormente al Reino Unido, bien ocultas en camiones o nuevamente a través de pequeñas embarcaciones, según las informaciones publicadas sobre el funcionamiento del acuerdo.
El tratado entró en vigor el 6 de agosto de 2025 con el objetivo declarado de impedir las travesías peligrosas por el Canal, combatir las redes de tráfico de personas y demostrar que alcanzar las costas británicas de forma irregular no garantiza poder permanecer en el país.
El proyecto piloto debía concluir inicialmente en junio de 2026, pero Londres y París acordaron prolongarlo, mientras continúan las conversaciones sobre su futuro.
Pese al elevado coste por devolución, el número general de llegadas en pequeñas embarcaciones sí se ha reducido durante 2026. Entre el 1 de enero y el 14 de septiembre fueron detectadas 17.425 llegadas, frente a 31.031 en el mismo periodo del año anterior, una caída cercana al 44%.
Las cifras oficiales del Ministerio del Interior también reflejan una caída interanual de las llegadas por pequeñas embarcaciones en el año terminado en junio de 2026, aunque continúan situándose en niveles similares a los registrados en ejercicios anteriores a 2025.
Reform UK, el partido encabezado por Nigel Farage, se opone al modelo de intercambio y sostiene que supone un costoso sistema de sustitución de inmigrantes en lugar de una política de disuasión. La formación propone interceptar las embarcaciones en el Canal y devolver a sus ocupantes sin aceptar a cambio un número equivalente de solicitantes procedentes de Francia. Su plan, denominado Operation Fortress, contempla además la participación de la Marina y de los Royal Marines.
El pasado 4 de septiembre, Farage y el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, firmaron un memorando político sobre cooperación migratoria según el cual un eventual Gobierno de Reform intentaría devolver a Francia las embarcaciones interceptadas en aguas británicas antes de proceder al retorno de sus ocupantes a sus países de origen.