La Cámara de los Comunes de Reino Unido ha aprobado este martes, por 290 votos a favor y 94 en contra, la reforma de la legislación sobre inmigración y asilo impulsada por la ministra del Interior, Shabana Mahmood. El proyecto legislativo contempla la eliminación de obstáculos administrativos para acelerar la expulsión de los inmigrantes que carezcan de autorización para permanecer en territorio británico.
Una de las principales novedades de la reforma consiste en suprimir el plazo adicional de cinco días hábiles que deben respetar las autoridades antes de ejecutar las expulsiones de inmigrantes de quienes hayan agotado sus vías de recurso. Según el Ministerio del Interior británico, este margen ha facilitado la presentación de nuevas alegaciones de última hora que retrasan las deportaciones.
Con la nueva legislación, las autoridades dispondrán de seis meses para ejecutar las expulsiones sin necesidad de conceder otro plazo de preaviso, siempre que los afectados hayan sido debidamente notificados con anterioridad.
El proyecto también contempla la creación de una Autoridad Independiente de Recursos de Inmigración, encargada de agilizar la resolución de los expedientes de asilo y facilitar la expulsión de quienes vean definitivamente rechazadas sus solicitudes.
Asimismo, la reforma endurece las condiciones para acogerse a los mecanismos de protección de las víctimas de la esclavitud moderna. Según los datos del Ministerio del Interior, cerca del 80% de los extranjeros que solicitaron acogerse a este sistema mientras permanecían detenidos el año pasado no fueron finalmente reconocidos como víctimas.
Otra de las medidas aprobadas permitirá exigir a los solicitantes de asilo que dispongan de recursos económicos suficientes que contribuyan a sufragar los gastos de alojamiento y manutención financiados hasta ahora por el contribuyente británico.
La reforma también pretende delimitar la aplicación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo al respeto de la vida privada y familiar, para otorgar un mayor peso al interés público en las decisiones sobre inmigración.
Desde el Partido Conservador consideran insuficientes las medidas impulsadas por el Ejecutivo laborista. Su portavoz de Interior, Chris Philp, ha insistido durante el debate parlamentario en que Reino Unido debe abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos para recuperar plenamente el control de sus fronteras.
Tras superar la votación en la Cámara de los Comunes con una mayoría de 196 votos, el proyecto legislativo pasará ahora a la Cámara de los Lores para continuar su tramitación parlamentaria.