El Parlamento italiano deberá examinar una propuesta de ley para introducir la remigración en el ordenamiento nacional después de que sus promotores presentaran alrededor de 150.000 firmas ante la Cámara de Diputados.
La iniciativa, impulsada por el Comité Remigración y Reconquista, supera ampliamente las 50.000 firmas exigidas por el artículo 71 de la Constitución italiana para que los ciudadanos puedan presentar formalmente un proyecto de ley.
Los organizadores aseguran haber reunido el triple de apoyos necesarios y celebran que un concepto hasta hace pocos años limitado a círculos militantes entre ahora en el proceso legislativo ordinario.
Expulsiones, remigración e identidad nacional
La propuesta está compuesta por 24 artículos distribuidos en seis capítulos y busca crear un marco jurídico para revertir décadas de inmigración masiva. Entre sus medidas figuran la expulsión inmediata de inmigrantes ilegales, el refuerzo de las sanciones contra quienes se lucren con el tráfico migratorio y la creación de un Pacto de Remigración Voluntaria para incentivar el regreso a los países de origen.
El texto contempla también la creación de un Instituto de Remigración, nuevas restricciones a las ONG que operan en el Mediterráneo y medidas para promover el retorno de descendientes de italianos residentes en el extranjero.
Sus promotores vinculan la política migratoria con la crisis demográfica italiana y proponen un Fondo para la Natalidad Italiana, reservado a ciudadanos, así como prioridad para las familias italianas en vivienda social y plazas de guardería.
De la calle al Parlamento
La campaña fue lanzada a finales de 2025 y recogió apoyos durante unos seis meses. El comité ya había superado en junio el umbral constitucional de 50.000 firmas, lo que abrió la puerta a su discusión parlamentaria. El 13 de junio, miles de personas participaron en Roma en una marcha en favor de la remigración, mientras organizaciones de izquierda y sindicatos convocaban una manifestación paralela en defensa de la inmigración.
El 30 de junio, el comité depositó formalmente las firmas en la Cámara de Diputados. Su presidente, Luca Marsella, afirmó que la campaña había entrado en el Parlamento «con la cara descubierta y 150.000 firmas» y prometió seguir presionando hasta que la ley sea discutida.
Obstáculos políticos
El depósito de las firmas no significa que la norma vaya a aprobarse. Una vez verificadas, la propuesta será asignada a la comisión parlamentaria competente, que podrá examinar el texto y decidir si lo eleva al pleno de la Cámara.
Para convertirse en ley necesitaría la aprobación de la Cámara de Diputados, del Senado y la promulgación del presidente de la República. En Italia, las iniciativas legislativas populares rara vez prosperan sin el apoyo de una mayoría parlamentaria o del Gobierno.
