El PSD, Chega, Iniciativa Liberal y el CDS han aprobado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento portugués el proyecto de ley que prohíbe ocultar el rostro en los espacios públicos por motivos de seguridad y orden público. La iniciativa salió adelante con el respaldo de los cuatro partidos y el rechazo de las formaciones de izquierdas, dando un nuevo paso en su tramitación parlamentaria.

La votación reproduce el mismo resultado que ya se produjo el pasado mes de octubre, cuando la propuesta recibió el visto bueno del pleno de la Asamblea de la República. Desde entonces, el texto permanecía paralizado durante cerca de ocho meses a la espera de ser debatido en comisión.

Aunque el proyecto fue registrado inicialmente por Chega y era conocido popularmente como la «ley del burka», el Partido Social Demócrata (PSD) presentó posteriormente un texto alternativo que desplazó el foco hacia la seguridad pública. De esta forma, la prohibición deja de justificarse expresamente por el uso de prendas islámicas que cubren el rostro y pasa a fundamentarse en razones de orden público e identificación de las personas en los espacios públicos.

Durante la negociación, Chega aceptó introducir diversas modificaciones en su propuesta. Entre ellas, cambió el título del proyecto para hacer referencia expresa a la seguridad y al orden público y amplió la lista de circunstancias en las que nadie puede ser obligado a cubrirse el rostro, incorporando la edad y el origen junto al sexo y la religión.

La formación liderada por André Ventura también revisó el régimen sancionador. En su redacción inicial proponía castigar con penas de prisión de hasta tres años los supuestos de ocultación forzada del rostro, agravando la condena cuando la víctima fuera menor de edad. El texto finalmente respaldado sustituye esa vía penal por un sistema de sanciones administrativas, con multas de entre 150 y 750 euros en los casos de negligencia y de entre 400 y 3.000 euros cuando exista intencionalidad.

Durante el debate parlamentario, el PSD defendió que la finalidad de la ley es reforzar la seguridad ciudadana y facilitar la identificación de las personas en los espacios públicos. Sin embargo, tanto Chega como Iniciativa Liberal insistieron en sus intervenciones en que la medida también responde a la necesidad de impedir el ocultamiento del rostro por motivos religiosos, un aspecto que ha marcado buena parte del debate político en torno a la iniciativa.