El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que reclama reforzar la vigilancia frente al islam político radical y prevenir su posible infiltración en instituciones, asociaciones, centros educativos y organizaciones públicas y privadas de la Unión Europea.
El texto salió adelante con 381 votos a favor, 167 en contra y 15 abstenciones, entre ellos los del grupo Patriotas por Europa (PfE). La resolución insta a los Estados miembros y a las instituciones comunitarias a desarrollar una metodología común para identificar el denominado «entrismo islamista», entendido como una estrategia destinada a erosionar los valores europeos, las instituciones democráticas, el orden público y la cohesión social.
Entre los indicadores que plantea estudiar figuran la confusión entre religión y política, el doble discurso institucional, la financiación opaca, las alianzas recurrentes con determinadas organizaciones, los vínculos con redes ya identificadas y la reconstitución de entidades bajo nuevas denominaciones.
El Parlamento también reclama una vigilancia específica sobre la financiación de organizaciones vinculadas al islam político. En este sentido, pide a la Comisión Europea que elabore una visión general de los fondos comunitarios destinados a entidades sospechosas de mantener vínculos con los Hermanos Musulmanes o con redes relacionadas con el islam político.
La resolución solicita además controles más estrictos antes de establecer colaboraciones con organizaciones que, aunque no estén formalmente afiliadas a los Hermanos Musulmanes, puedan mantener vínculos con esta red o presentar riesgo de hacerlo. Entre las entidades citadas figura el Foro Europeo de Organizaciones de Jóvenes y Estudiantes Musulmanes (Femyso).
Asimismo, el texto pide al Consejo de la UE que estudie incluir a los Hermanos Musulmanes y sus entidades afiliadas en la lista europea de organizaciones terroristas. También plantea reforzar los controles sobre la financiación extranjera y el uso de visados y permisos de residencia.
La resolución incorpora además una enmienda que respalda medidas nacionales para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, al considerar que pueden contribuir a reforzar la seguridad y proteger los derechos de las mujeres. También reclama listas nacionales y europeas de predicadores del odio y un mayor uso de las herramientas de Schengen y de las bases de datos comunitarias, con apoyo de Europol y Eurojust.
La iniciativa contó con el rechazo mayoritario de los grupos socialistas, verdes y de izquierda.