El Parlamento de Francia ha asestado un duro golpe al Gobierno al aprobar la eliminación definitiva de las zonas de bajas emisiones (ZBE), una de las políticas estrella del Ejecutivo para restringir el uso de vehículos contaminantes en las ciudades.

La decisión, adoptada por 275 votos frente a 225, supone mucho más que una corrección técnica: representa una derrota política de gran calado y evidencia el creciente rechazo al modelo de transición ecológica impulsado desde el gobierno.

La caída de las ZBE ha sido posible gracias a una inusual alianza parlamentaria que ha reunido desde la centroderecha hasta la Agrupación Nacional de Lepen, pasando por sectores del centro. Esta convergencia refleja el aislamiento del Ejecutivo, incapaz de sostener una de sus principales banderas políticas.

Pese a los intentos del Gobierno por suavizar la medida —limitándola a grandes ciudades o dando más margen a las autoridades locales—, el Parlamento ha rechazado cualquier fórmula intermedia. Las zonas de bajas emisiones, introducidas en 2018 y previstas para extenderse a todo el país en 2025, se han convertido en símbolo de lo que muchos ciudadanos perciben como «ecologismo punitivo».

Desde su implantación, las críticas han sido constantes: penalizan especialmente a las clases medias y trabajadoras, que no pueden permitirse renovar sus vehículos, y restringen la libertad de movimiento, especialmente en zonas rurales y periféricas. La medida ha sido vista como una imposición tecnocrática, desconectada de la realidad social de millones de ciudadanos que dependen del coche para su vida cotidiana.

A las críticas sociales se suma su cuestionada eficacia. Tras años de aplicación parcial, muchas ciudades ni siquiera llegaron a implementar plenamente estas zonas, evidenciando dificultades prácticas y falta de recursos. La ausencia de alternativas reales —como transporte público suficiente— y la falta de financiación han contribuido a erosionar la legitimidad del sistema.

La derogación de las ZBE no sólo refleja el rechazo a una política concreta, sino a una forma de entender la transición ecológica: centralizada, coercitiva y alejada del ciudadano.