El Parlamento Europeo ha rechazado este miércoles la moción de censura presentada por el grupo Patriotas por Europa, en el que se integra VOX, contra la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen. La iniciativa, respaldada por más de 100 eurodiputados, se impulsó tras el acuerdo con Mercosur, un pacto que amenaza directamente al sector primario europeo y cuya tramitación socialistas y populares españoles intentaron blindar.

La votación llega apenas 24 horas después de que el Parlamento apoyara elevar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), una vía judicial que podría haber frenado su aplicación. Sin embargo, PSOE y PP en Bruselas votaron en contra, consumando una doble traición al campo español en menos de un día: primero, bloqueando el control judicial; después, salvando políticamente a Von der Leyen.

El jefe de la delegación de VOX en Bruselas, Jorge Buxadé, volvió a denunciar un acuerdo que «supone la ruina del campo español» y que se ha negociado «a espaldas de agricultores y ganaderos». Por ese motivo, explicó, se registró la moción de censura para depurar responsabilidades. «El Parlamento se ha retratado una vez más sosteniendo a Von der Leyen; ahora tendrán que explicar a los ciudadanos por qué la mantienen al frente de la Comisión», advirtió.

Desde la formación recuerdan que la presidenta de la Comisión ha ignorado de forma deliberada las protestas del sector primario, las advertencias de varios Estados miembros y las resoluciones del propio Parlamento. Esta misma semana, agricultores de toda la Unión se manifestaron a las puertas de la Eurocámara en Bruselas contra Mercosur. Aun así, Von der Leyen ha optado por imponer el acuerdo a toda costa, sacrificando a agricultores y ganaderos en nombre de una agenda globalista ajena a la realidad del mundo rural.

El pacto con Mercosur se suma —denuncian— a una cadena de decisiones que debilitan la producción europea, destruyen competitividad y convierten a Europa en un continente dependiente de importaciones, mientras los productores comunitarios siguen asfixiados por impuestos y normas que no se exigen a quienes compiten desde fuera de las fronteras de la UE.