El segundo tribunal más importante de la UE ha dictaminado este miércoles 23 de julio que la Comisión Europea violó sus propias reglas internas al designar a un alto funcionario, en una decisión que supone un golpe directo a la presidenta Ursula von der Leyen y a su jefe de gabinete, Björn Seibert.

El fallo, emitido por el Tribunal General de la Unión Europea, da la razón a James Flett, un veterano funcionario comunitario que recurrió el procedimiento por el que fue apartado de un cargo de responsabilidad en el ámbito jurídico del comercio internacional. Según el tribunal, la entrevista final para el puesto fue realizada por Seibert sin justificación válida, cuando las normas solo permiten delegar esa función en «situaciones excepcionales y debidamente motivadas».

La sentencia anula el nombramiento y subraya que la Comisión no aportó ninguna razón convincente que respaldara la decisión de delegar la entrevista, lo que convierte el proceso en ilegal desde el punto de vista normativo. La corte concluye que no hubo «necesidades imperativas del servicio» que avalaran dicha delegación.

Este fallo aumenta la presión sobre la forma en que se toman decisiones dentro del círculo más estrecho de Von der Leyen. Desde hace tiempo, diversas voces dentro de las instituciones comunitarias y fuera de ellas critican el modo en que la presidenta y su equipo concentran decisiones estratégicas, como los nombramientos clave, en un grupo reducido de colaboradores.

La Comisión dispone ahora de un plazo de dos meses y diez días para presentar recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, si decide hacerlo. Hasta entonces, queda en el aire la cobertura del puesto de asesor principal en materia de comercio internacional y asuntos relacionados con la Organización Mundial del Comercio (OMC). Actualmente, ese cargo lo ocupa Mikko Huttunen, quien también lideró el equipo jurídico encargado de las negociaciones sobre las vacunas contra la covid-19.

El revés judicial no sólo expone posibles irregularidades procedimentales, sino que también refuerza el debate sobre la transparencia y el control interno en la alta administración comunitaria, a solo unos meses de que se reconfiguren las instituciones tras las elecciones europeas.