El caso en torno a la posesión ilegal de una memoria USB por parte de Salah Abdeslam, último superviviente del comando responsable de los atentados del 13 de noviembre de 2015 (Bataclan), ha dado un nuevo y sorprendente vuelco judicial. Lo que comenzó como una simple infracción penitenciaria ha acabado por transformarse en una investigación por conspiración terrorista, tras la decisión de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) de reclasificar el procedimiento el pasado 8 de noviembre.

Todo se remonta a comienzos de año, cuando durante un control rutinario en la prisión de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), los funcionarios descubrieron irregularidades en el ordenador que Abdeslam empleaba para sus estudios a distancia. El equipo, que no tenía conexión a internet, mostraba señales de haber sido vinculado a un soporte externo. Aunque no se halló ningún dispositivo en la celda, el análisis reveló la existencia de archivos con material propagandístico de carácter islamista, entre ellos un vídeo del canal «19HH» administrado por Omar Omsen, un predicador radical y reclutador de yihadistas franceses actualmente establecido en Siria.

La investigación inicial, abierta el 17 de enero de 2025 por «posesión ilícita de un objeto en detención», tomó un cariz mucho más grave cuando los investigadores empezaron a detectar posibles vínculos con una trama más amplia. Según fuentes citadas por Le Point, las pruebas recogidas apuntan a la preparación de un eventual ataque, lo que motivó el endurecimiento de las diligencias y la implicación directa de la PNAT.

Entre las nuevas piezas de este complejo rompecabezas se encuentra Maëva B., una joven de 27 años considerada la compañera sentimental del terrorista. La mujer fue arrestada el pasado martes, sospechosa de haber introducido o facilitado a Abdeslam diversos objetos prohibidos, incluida la memoria USB que dio origen al caso. Su custodia policial ha sido prolongada de forma excepcional más allá de las 96 horas máximas que se aplican en casos de terrorismo, una medida que, según el Código de Procedimiento Penal francés, sólo puede adoptarse si existe riesgo inminente de atentado o cuando las exigencias de la cooperación internacional lo hacen indispensable.

A pesar de la gravedad de las sospechas, Abdeslam ha sido interrogado únicamente por la posesión del dispositivo en cuestión. Fue trasladado para declarar los días 4 y 7 de noviembre, aunque en ambas ocasiones regresó a su celda el mismo día sin que se dictaran nuevas medidas cautelares. Las autoridades, no obstante, continúan analizando si tenía conocimiento de un eventual plan de atentado, y especialmente si este podría haber estado relacionado con las conmemoraciones de las víctimas del 13 de noviembre.

El giro más reciente se produjo el viernes, con la detención de otras dos personas por su presunta implicación en una asociación ilícita con fines terroristas. Según confirmó la Fiscalía Nacional Antiterrorista, las operaciones continuaron durante el sábado, en un contexto de creciente preocupación por la posible existencia de una red coordinada desde el interior de prisión.

En este punto, la prioridad de los investigadores es esclarecer el contenido y la procedencia exacta de la memoria USB, determinar si fue utilizada para intercambiar mensajes cifrados y evaluar hasta qué punto el entorno de Abdeslam podría haber intentado reactivar una célula terrorista dormida en territorio francés.