El gobierno laborista del Reino Unido se encuentra inmerso en un nuevo escándalo después de recurrir ante los tribunales una resolución que le obliga a hacer públicas las estadísticas sobre criminales extranjeros condenados en Inglaterra y Gales. La controversia gira en torno a la negativa del Ministerio de Justicia a facilitar información detallada sobre las condenas impuestas a ciudadanos de otros países, una decisión que ha desatado duras críticas de la oposición y de organizaciones especializadas en política migratoria.

El origen del conflicto se remonta a una solicitud presentada hace más de un año por el Centro para el Control de la Migración (CMC), un laboratorio de ideas centrado en el estudio de la inmigración. Al amparo de la legislación británica sobre acceso a la información pública, la entidad reclamó conocer el número total de condenas dictadas contra extranjeros entre 2018 y 2024, con un desglose por nacionalidad y por tipo de delito.

El Ministerio de Justicia rechazó inicialmente facilitar esos datos alegando que recopilar la información supondría un coste administrativo excesivo debido a la complejidad de las bases de datos disponibles. Además, sostuvo que la publicación de determinadas cifras podría permitir identificar indirectamente a algunos condenados, vulnerando así la normativa de protección de datos personales.

Sin embargo, el Comisionado de Libertad de Información no aceptó esos argumentos. En su resolución concluyó que el departamento ministerial no había justificado suficientemente ninguna de esas objeciones y ordenó entregar la información solicitada. Lejos de cumplir ese requerimiento, el Ejecutivo laborista decidió recurrir la decisión ante el tribunal administrativo competente, prolongando así el enfrentamiento judicial.

La decisión provocó una inmediata reacción política. Desde el Partido Conservador, su portavoz de Justicia, Nick Timothy, acusó al Gobierno de intentar impedir que salgan a la luz datos especialmente sensibles, como los relacionados con delitos sexuales cometidos por ciudadanos extranjeros. El dirigente conservador cuestionó públicamente qué motivos podían justificar el recurso presentado por el Ejecutivo y sugirió que se estaba intentando ocultar la verdadera dimensión del problema.

Las críticas también llegaron desde Reform UK. Su portavoz en materia económica, Robert Jenrick, calificó la actuación del Ministerio como un intento de encubrimiento y reprochó tanto al actual Gobierno laborista como a anteriores ejecutivos conservadores haber evitado durante años la publicación de estadísticas detalladas sobre criminalidad vinculada a ciudadanos extranjeros.

Por su parte, el Centro para el Control de la Migración anunció que mantendrá la batalla judicial hasta conseguir la difusión de los datos. Su director de investigación, Robert Bates, defendió que esa información posee un evidente interés público y aseguró que resulta difícil comprender que el propio Gobierno dedique recursos legales a impedir que los ciudadanos tengan acceso a unas cifras que, en su opinión, deberían ser transparentes.

En la actualidad, el Ministerio de Justicia sí hace públicos algunos datos agregados sobre delincuencia extranjera. Las últimas estadísticas oficiales indican que los ciudadanos de otros países representaron el 14,1% de las condenas por delitos sexuales registradas durante 2024 en Inglaterra y Gales. No obstante, desde 2018 dejaron de difundirse los datos desglosados por categorías delictivas concretas, como violaciones, agresiones sexuales contra menores, homicidios, asesinatos, incendios provocados o robos con violencia.

Precisamente ese nivel de detalle es el que reclama ahora el CMC. La organización pretende conocer no sólo las condenas por delitos sexuales diferenciadas por nacionalidad, sino también las relacionadas con tráfico de drogas, delitos con armas, robos, actos vandálicos y hechos violentos contra las personas, con el objetivo de disponer de una radiografía completa de la criminalidad protagonizada por ciudadanos extranjeros en Inglaterra y Gales.