Gibraltar atraviesa una profunda crisis política tras las graves acusaciones formuladas por el principal partido de la oposición, el GSD (Grupo Socialdemócrata), contra el Gobierno dirigido por Fabian Picardo y su partido. El origen del escándalo es un informe elaborado por el ex auditor principal de Gibraltar, Tony Sacramento, que ha destapado presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos entre 2018 y 2024.
Según el GSD, el documento revela pagos millonarios que beneficiarían a personas vinculadas al entorno político del GSLP, algunos de ellos considerados «excesivos» o «injustificados». Uno de los casos más llamativos es el pago de más de 260.000 libras, más cerca de 20.000 adicionales en costes legales, a un miembro ejecutivo del GSLP en 2022. Según el informe, dicha persona fue promovida mientras se encontraba en excedencia y más tarde recibió un cargo superior mediante un nombramiento directo, sin proceso público.
También genera polémica la compensación de más de 664.000 libras otorgada al ex director de Medios de Gibraltar, un antiguo periodista y candidato del GSLP, tras su salida del cargo en abril de 2025. El informe ha subrayado que no existía ninguna cláusula contractual que avalara ese pago. A esto se suma una gratificación de 60.000 libras recibida por un exministro en 2022.
Las críticas han alcanzado incluso al ministro de Medio Ambiente, John Cortés, considerado uno de los colaboradores más cercanos de Picardo. La oposición ha cuestionado así su decisión de no renovar el contrato con la organización Wildlife Gibraltar, insinuando un posible conflicto de intereses por vínculos familiares.
