El líder de Reform UK, Nigel Farage, ha denunciado que la Ley de Igualdad británica ha permitido institucionalizar políticas discriminatorias contra la población blanca y sustituir progresivamente el principio de mérito por criterios de raza, sexo, religión u orientación sexual.
En su primer artículo publicado en Substack, Farage acusó al establishment de Westminster de construir un sistema de «dos niveles» en el que determinadas minorías reciben ventajas institucionales mientras los británicos blancos quedan relegados en procesos de contratación, formación y promoción profesional.
El dirigente sostuvo que la agenda de diversidad, equidad e inclusión —DEI—, presentada oficialmente como un mecanismo para corregir desigualdades, se ha transformado en una maquinaria ideológica con capacidad para condicionar toda la vida pública británica.
Según Farage, esta política no busca únicamente combatir la discriminación, sino alterar deliberadamente los equilibrios sociales y laborales mediante redes, organismos y burocracias antirracistas que operan sin haber sido elegidos por los ciudadanos.
La Ley de Igualdad de 2010
Farage situó el origen del problema en la Equality Act de 2010, impulsada durante el último Gobierno laborista de Gordon Brown y promovida por la entonces dirigente laborista Harriet Harman. El líder de Reform UK afirmó que la norma fue utilizada para introducir una agenda política destinada a sobrevivir a la salida del laborismo del poder.
«Esto no consistía en detener la discriminación; esas leyes existían desde hacía décadas. Fue una oportunidad para infectarnos con una agenda política que continuaría mucho después de que los laboristas fueran expulsados del Gobierno», escribió.
A su juicio, la ley convirtió la llamada «acción positiva» en una herramienta con la que las instituciones pueden beneficiar a determinados colectivos sin reconocer abiertamente que están aplicando discriminación racial o sexual.
Farage señaló especialmente el artículo 149, que impone a los organismos públicos el deber de fomentar la participación de personas pertenecientes a grupos protegidos cuando su presencia sea considerada desproporcionadamente baja.
El dirigente considera que esta obligación hizo que las instituciones comenzaran a dar prioridad a la representación de identidades concretas por encima de la igualdad ante la ley y la selección basada en la capacidad.
Una burocracia permanente de diversidad
Farage responsabilizó también a los gobiernos conservadores posteriores de acelerar el proceso iniciado por el laborismo. Aunque la Ley de Igualdad fue aprobada por la izquierda, los sucesivos Ejecutivos conservadores obligaron a los organismos públicos a publicar informes anuales sobre sus objetivos de igualdad.
«De la noche a la mañana, los conservadores crearon una gigantesca carga legal para el sector público que hizo necesaria una clase permanente de burócratas de la diversidad», afirmó.
El resultado, según Reform UK, ha sido la proliferación de departamentos de recursos humanos, consultores de diversidad, responsables de inclusión y programas institucionales dedicados a clasificar a los ciudadanos por categorías identitarias. Farage ironizó con que el sector de los recursos humanos parece ser «la única parte de la economía que realmente funciona».
Prácticas que excluyen a los jóvenes blancos
Los defensores de la ley sostienen que ésta no establece cuotas obligatorias ni autoriza formalmente la discriminación positiva. Sin embargo, Farage denunció que las instituciones han encontrado fórmulas para favorecer a unos grupos sobre otros sin expresar abiertamente sus criterios.
La legislación permite la denominada «acción positiva», bajo la cual pueden crearse prácticas remuneradas, programas de formación o procesos de promoción dirigidos exclusivamente a personas que compartan determinadas características.
El líder de Reform UK puso como ejemplo los programas laborales que excluyen expresamente a los jóvenes blancos, aunque estos puedan reunir los requisitos profesionales exigidos. La ley contempla además un mecanismo de desempate mediante el cual una empresa puede tener en cuenta la identidad de dos candidatos cuando ambos sean considerados igualmente capacitados.
Para Farage, estas medidas convierten el color de piel, el sexo o la orientación sexual en factores relevantes dentro de decisiones que deberían atender únicamente a la experiencia y al talento.
Reform UK promete derogar la ley
Farage prometió que un futuro Gobierno de Reform UK derogará la Ley de Igualdad y recuperará las normas contra la discriminación existentes antes de 2010. La reforma prohibiría que las empresas y los organismos públicos diseñen políticas de contratación, formación o ascenso profesional que favorezcan a un colectivo frente a otro.
«Restauraremos la meritocracia para que el color de piel, el sexo, la edad o la sexualidad no influyan en las oportunidades de empleo ni en el trato recibido como trabajador», señaló. «Lo que importa es que consiga el puesto la mejor persona», añadió.
El partido pretende impedir asimismo que los gobiernos nacionales y locales adopten programas basados en la agenda DEI. Para garantizar su aplicación, Reform UK nombraría responsables políticos y administrativos con el mandato expreso de eliminar estas prácticas dentro de las instituciones.