
Francia ha acelerado de forma drástica la retirada de la nacionalidad a condenados por terrorismo islamista y prepara ya varios cientos de nuevos expedientes para los próximos años, en un endurecimiento de su política antiterrorista que busca impedir que individuos condenados por yihadismo conserven la ciudadanía francesa cuando la ley permite retirársela.
Según cifras publicadas por Le Figaro y recogidas por medios franceses e internacionales, el Ministerio del Interior ha emitido más de 70 decretos de retirada de nacionalidad en los últimos cuatro años, frente a sólo 13 entre 1979 y 2015. Desde 2015, el número total ronda ya el centenar.
El ritmo se ha acelerado especialmente en los últimos ejercicios: se dictaron 12 decretos en 2023, 37 en 2024, 19 en 2025 y otros 15 en lo que va de 2026.
Fuentes del Ministerio del Interior francés aseguran además que existen «varios cientos» de casos adicionales que podrían tramitarse durante los próximos cinco años, coincidiendo con la puesta en libertad de terroristas condenados durante la gran oleada yihadista que golpeó Francia a partir de 2015.
La legislación francesa establece importantes límites para esta medida. La retirada de nacionalidad puede aplicarse a una persona condenada por delitos de terrorismo siempre que haya adquirido previamente la ciudadanía francesa y conserve otra nacionalidad, ya que el Estado no puede convertir a nadie en apátrida. Tampoco puede emplearse contra ciudadanos franceses de origen. Los delitos terroristas se encuentran expresamente entre los supuestos que permiten iniciar el procedimiento.
La decisión se adopta mediante decreto y requiere la intervención del Consejo de Estado. En los casos relacionados con terrorismo, la legislación permite actuar cuando los hechos hayan ocurrido antes de adquirir la ciudadanía o dentro de los 15 años posteriores a la naturalización.
Francia ya ha defendido estas medidas ante sus tribunales. El Consejo de Estado confirmó este verano, por ejemplo, la retirada de ciudadanía francesa a un condenado por integrar una organización destinada a preparar atentados, después de comprobar que también conservaba la nacionalidad marroquí.
El endurecimiento coincide con las consecuencias judiciales de la oleada terrorista sufrida por Francia durante la pasada década. Los atentados contra Charlie Hebdo, la masacre de la sala Bataclan, los ataques de Niza o el asesinato del profesor Samuel Paty convirtieron al país en uno de los principales objetivos del yihadismo en Europa y obligaron a las autoridades a seguir durante años a miles de individuos considerados radicalizados.
Numerosos franceses o ciudadanos con doble nacionalidad viajaron también a Siria e Irak para incorporarse al Estado Islámico y otras organizaciones terroristas. Ahora, conforme algunos de los condenados terminan sus penas de cárcel, Interior pretende utilizar de manera mucho más sistemática la retirada de la nacionalidad como herramienta adicional de seguridad.
La medida no sustituye a la condena penal, pero puede facilitar posteriormente la expulsión de quienes pierdan su ciudadanía si reúnen los requisitos legales correspondientes.
Durante décadas, Francia recurrió a la retirada de nacionalidad de manera excepcional. Las cifras actuales muestran un cambio de escala. Entre 1979 y 2015 se aprobaron sólo 13 retiradas de ciudadanía vinculadas al terrorismo, mientras que en apenas cuatro años el volumen de decretos ha superado los 70.
El incremento revela un giro hacia una doctrina más dura: quien adquiere la nacionalidad francesa y posteriormente es condenado por terrorismo puede perderla si conserva otra ciudadanía y cumple las condiciones establecidas por la ley.
Con varios cientos de expedientes potenciales todavía pendientes, la estrategia amenaza con convertirse en uno de los principales instrumentos utilizados por París contra la generación de yihadistas que protagonizó la radicalización islamista de la última década.