El Ayuntamiento de Chessy, en el departamento francés de Seine-et-Marne, ha sido condenado por el Tribunal de Meaux a indemnizar con 6.000 euros a una pareja a la que se negó a casar debido a que el novio, de nacionalidad argelina, estaba sujeto a una orden de expulsión (OQTF), según recoge el diario Le Figaro.
La resolución judicial obliga además al consistorio a abonar 1.500 euros en concepto de costas procesales. La pareja reclamaba inicialmente una indemnización de 15.500 euros, aunque el tribunal redujo finalmente esa cantidad tras las alegaciones presentadas por el abogado del municipio, Antoine Savignat.
Según explica La Razón, los hechos se remontan a la pasada primavera, cuando un inmigrante argelino de 39 años, sobre el que pesaba una orden de expulsión dictada en 2022, y su pareja, una ciudadana finlandesa de 49 años, solicitaron contraer matrimonio en el Ayuntamiento de Chessy. Conforme al Código Civil francés, ambos fueron entrevistados por separado para verificar la autenticidad de la unión.
El entonces alcalde, Olivier Bourjot, decidió trasladar el caso a la fiscalía al considerar que la motivación del novio «parecía radicar más en regularizar su situación personal que en el matrimonio en sí». Sin embargo, la Fiscalía de Meaux rechazó oponerse al enlace al entender que la orden de expulsión había perdido su vigencia, ya que este tipo de medidas solo puede ejecutarse durante los tres años posteriores a su notificación.
Posteriormente, el Tribunal de Meaux ordenó al alcalde publicar las amonestaciones matrimoniales bajo amenaza de sanciones económicas por cada día de retraso. Para evitar celebrar la boda, Bourjot presentó su dimisión junto con su equipo de adjuntos. No obstante, la prefectura rechazó su renuncia al considerar necesario garantizar «la continuidad del servicio público en vísperas de las elecciones municipales».
Finalmente, las amonestaciones fueron publicadas el 26 de febrero y la ceremonia tuvo lugar en abril, ya bajo el mandato del nuevo alcalde, Cyril Marsaud.
Tras oficiar el enlace, Marsaud reiteró su rechazo al matrimonio en declaraciones recogidas por Le Parisien. «Nadie ha cambiado de opinión. Para nosotros, este matrimonio es falso. Pero cuando el tribunal nos multa, diciendo que la próxima vez será mayor, llega un punto en que respetamos la ley. No quiero que los vecinos tengan que pagar un precio demasiado alto por esta incoherencia del Estado», afirmó.
La legislación francesa establece que, una vez celebrado el matrimonio, un alcalde no puede declarar unilateralmente su nulidad. No obstante, sí puede comunicar posibles irregularidades a la fiscalía al amparo del artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, como ocurrió en este caso, donde el consistorio sostiene que la pareja no residía realmente en el domicilio declarado en Chessy.
Tras la boda, la mujer regresó a Finlandia después de ser diagnosticada de cáncer de mama, mientras que su esposo permaneció en París e inició los trámites para obtener un permiso de residencia que le permita reunirse con ella. Según su abogado, el certificado matrimonial resulta fundamental para intentar regularizar su situación administrativa.