Frontex ha suspendido temporalmente la admisión de nuevos casos en su programa de reintegración para inmigrantes expulsados después de agotar antes de tiempo los fondos previstos para este año.

La decisión entró en vigor el pasado 2 de octubre, según un correo interno remitido por el director ejecutivo de la agencia, Hans Leijtens, y al que ha tenido acceso Politico. En el mensaje se reconoce que los costes habían alcanzado un nivel que ya no permitía garantizar la cobertura financiera del programa.

El mecanismo funciona desde 2022 y ofrece a los extranjeros retornados a sus países de origen ayudas económicas, atención sanitaria, formación profesional y asesoramiento, dentro de la estrategia europea destinada a aumentar el número de retornos de solicitantes de asilo rechazados y otros extranjeros sin derecho a permanecer en la Unión Europea.

Un 63% más de casos de lo previsto

El principal problema ha sido el fuerte aumento de expedientes asumidos por la agencia. Frontex registró una media de 2.368 nuevos casos mensuales de personas que solicitaban apoyo para su reintegración. Sólo en septiembre, el número de expedientes fue un 63% superior al objetivo previsto por la propia agencia.

Durante el primer semestre de 2026, además, Frontex gestionó alrededor de un 75% más de casos que durante el mismo periodo del año anterior. En ejercicios anteriores, la agencia había podido trasladar dinero desde otras partidas presupuestarias para mantener operativo el programa. Esta vez, sin embargo, Leijtens reconoce que ya no existen créditos suficientes para cubrir las necesidades.

Frontex ha solicitado más dinero a la Comisión Europea, pero espera todavía aclaraciones sobre el presupuesto comunitario de 2027 y sobre el próximo marco financiero plurianual, que comenzará en 2028.

Bruselas quiere ampliar las expulsiones mientras faltan fondos

La paralización llega precisamente cuando la Unión Europea pretende endurecer su política de retornos y ampliar el papel de Frontex en las expulsiones y la reintegración. A comienzos de octubre, los negociadores europeos acordaron una nueva legislación sobre retornos y la Comisión prepara además una propuesta para ampliar las competencias de la agencia fronteriza.

«No tiene sentido hablar de una política europea de retornos más ambiciosa sin hablar también de los recursos necesarios para aplicarla», ha reconocido el portavoz de Frontex, Chris Borowski. La agencia asegura que los inmigrantes que ya habían sido aceptados en el programa no perderán las ayudas y que seguirá ofreciendo a los Estados miembros asistencia técnica y operativa para las expulsiones.

Instrucciones para contener el enfado de los expulsados

La suspensión ha obligado además a Frontex a preparar instrucciones para explicar a los afectados que ya no podrán recibir nuevas ayudas. Según las directrices internas reveladas por Politico, los asesores deben «reconocer el problema institucional» para evitar que el inmigrante expulsado sienta que está siendo castigado personalmente.

El documento recomienda mostrarse transparente, aceptar la frustración del afectado y esperar a que disminuya su enfado antes de explicar qué opciones mantiene disponibles una vez regrese a su país. Entre las instrucciones figura incluso una advertencia expresa: «No discuta ni defienda la política de la UE».

La propia guía reconoce que algunos retornados pueden sentirse «engañados», reaccionar con ira o incluso abandonar completamente el proceso de retorno.

La crisis de Ceuta acelera los planes europeos

La falta de fondos se produce pocas semanas después de que la crisis migratoria de Ceuta llevara a Bruselas a plantear una ampliación sustancial del papel de Frontex. La Comisión incluyó entre sus propuestas reforzar la capacidad de la agencia para intervenir rápidamente ante entradas masivas, vigilar las fronteras exteriores y asumir un papel mayor en los retornos.

Ursula von der Leyen ha prometido convertir Frontex en una «capacidad genuinamente europea» capaz de apoyar a los Estados miembros cuando sea necesario.