La primera ministra italiana Giorgia Meloni se ha congratulado este sábado de la declaración aprobada por 46 Estados miembros del Consejo de Europa, en la que se reconoce la legitimidad de que los países adopten «soluciones innovadoras» para la gestión de inmigración, incluidas fórmulas de cooperación con terceros Estados.
El texto fue suscrito durante una reunión ministerial celebrada en Chisinau y respaldado por los ministros de Exteriores de los países integrantes del organismo paneuropeo. La declaración establece que los Estados tienen el «derecho soberano» de decidir y controlar la entrada y permanencia de ciudadanos extranjeros en su territorio, siempre en consonancia con las obligaciones derivadas de la Convención Europea de Derechos Humanos.
En un mensaje difundido en redes sociales, Meloni sostuvo que el documento reconoce la legitimidad de los «centros de repatriación» en terceros países, en referencia al modelo impulsado por Italia mediante el acuerdo bilateral suscrito con Albania en noviembre de 2023. La mandataria afirmó que el resultado representa «un paso importante» derivado de una iniciativa promovida conjuntamente con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.
Según Meloni, lo que hace un año generaba divisiones políticas y jurídicas dentro de Europa se ha convertido ahora en un principio compartido entre los miembros del Consejo de Europa. La dirigente italiana defendió además que el enfoque de su Ejecutivo en materia migratoria ha ganado respaldo institucional en el continente gracias a una estrategia basada en el control ordenado de las fronteras y en la cooperación exterior.
El acuerdo entre Italia y Albania permite a las autoridades italianas establecer y gestionar centros de internamiento y repatriación en territorio albanés bajo jurisdicción italiana. El objetivo declarado por Roma consiste en tramitar parte de los procedimientos vinculados a la llegada de ilegales fuera del territorio nacional y reducir la presión sobre el sistema de acogida italiano.
La declaración adoptada en Chisinau subraya igualmente que los Estados pueden autorizar el acceso únicamente a aquellas personas que cumplan los requisitos legales establecidos.
