Olvídense de izquierda y derecha: el viejo esquema ya no dice demasiado. La gran cuestión ahora es el dilema entre soberanismo y globalismo. Y la balanza empieza a inclinarse hacia el primero, al menos ante la sustitución poblacional, a juzgar por la alianza entre la socialdemócrata Mette Frederiksen y Giorgia Meloni sobre inmigración.

La fotografía es desconcertante para alguien acostumbrado al viejo paradigma. Mette Frederiksen es la primera ministra socialdemócrata de Dinamarca; Meloni, la dirigente de Hermanos de Italia que llegó al poder convertida por buena parte de la prensa europea en símbolo del avance de la «extrema derecha». Coinciden en poco, pero en inmigración hablan cada vez más el mismo idioma.

La crisis migratoria de Ceuta y la política española han provocado una reacción especialmente dura en Frederiksen, respaldada por buena parte del Parlamento danés, que ha vuelto a defender controles fronterizos severos y una política europea mucho más restrictiva, una posición que la vuelve a situar junto a Meloni y contra Pedro Sánchez. Italia y Dinamarca llevan más de un año actuando como motores de un cambio profundo de la política migratoria europea.

El pasado 19 de junio, Frederiksen y Meloni promovieron conjuntamente una carta dirigida a las instituciones comunitarias reclamando la rápida aplicación de las nuevas normas europeas sobre retornos y la creación de centros fuera de territorio comunitario para inmigrantes sin derecho a permanecer en Europa. La firmaron otros 17 dirigentes: 19 Estados de la Unión, una mayoría holgada de los Veintisiete. La iniciativa italodanesa había dejado de ser una extravagancia de dos gobiernos particularmente duros para convertirse en posición mayoritaria.

Sánchez rechazó los llamados return hubs, defendió la política española y se encontró bastante aislado. Frederiksen pidió que la inmigración ocupara más espacio en las reuniones de los jefes de Gobierno y Meloni salió en su apoyo. El Parlamento Europeo acababa además de dar vía libre al nuevo reglamento de retornos, que permite precisamente establecer esos centros en terceros países. El Consejo y la Eurocámara habían alcanzado el acuerdo a comienzos de junio como complemento del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Lo extraordinario del episodio no es la posición de Meloni. La anomalía, al menos vista desde las categorías políticas de hace una década, es Frederiksen.

Frederiksen gobierna desde 2019 y acaba de iniciar su tercer mandato al frente de una nueva coalición de centroizquierda. Su programa interior incluye algunas propuestas que cualquier manual colocaría inequívocamente a la izquierda: expansión del Estado del bienestar, transporte público gratuito para jóvenes, atención dental gratuita y eliminación del IVA de frutas y verduras. Al mismo tiempo, mantiene una de las políticas migratorias más restrictivas de Europa.

Los resultados son difíciles de ignorar. Dinamarca recibió 21.316 solicitudes de asilo en 2015, en plena crisis migratoria europea. Diez años después, en 2025, fueron 1.959, el número más bajo de la serie reciente. El propio Ministerio de Inmigración danés atribuye el descenso, entre otros factores, a las más de cien medidas restrictivas adoptadas en los últimos años. Mientras tanto, en el conjunto de la Unión Europea se presentaron en 2025 unas 669.400 primeras solicitudes de asilo.

La caída danesa resulta todavía más llamativa porque no procede de una sociedad sin experiencia migratoria. Inmigrantes y descendientes representan actualmente el 16,8% de la población de Dinamarca, según la oficina nacional de estadística. El endurecimiento se produjo precisamente después de comprobar las consecuencias políticas y sociales de las sucesivas oleadas migratorias y, especialmente, de la crisis de 2015.

Para Frederiksen, la inmigración masiva pone en peligro la cohesión necesaria para mantener un Estado del bienestar generoso y hace recaer sus costes especialmente sobre las clases trabajadoras. 

De ahí medidas que resultarían sorprendentes en casi cualquier otro partido socialista europeo. Dinamarca considera temporal por principio buena parte de la protección concedida a refugiados, dificulta la residencia permanente, revisa las condiciones de seguridad de los países de origen y ha endurecido reiteradamente las condiciones para la reunificación familiar y la nacionalidad. Este año el Gobierno ha ido todavía más lejos al impulsar reformas destinadas a facilitar la expulsión de extranjeros condenados por delitos graves, incluso entrando deliberadamente en conflicto con algunas interpretaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En mayo de 2025 ambas primeras ministras se reunieron en Roma para reclamar conjuntamente un cambio en la interpretación de las convenciones internacionales sobre inmigración. Frederiksen sostuvo entonces que Europa necesitaba encontrar un nuevo equilibrio entre los derechos individuales y el derecho de las sociedades a protegerse frente a extranjeros delincuentes. La iniciativa acabó acompañada por otros gobiernos europeos. Un año después, los 46 miembros del Consejo de Europa aprobaron una declaración que pide reconsiderar cómo se aplican determinados derechos en materia migratoria.

Después llegaron los centros de retorno. Italia había abierto el camino mediante su acuerdo con Albania. Dinamarca llevaba años explorando la posibilidad de tramitar solicitudes de asilo fuera de Europa. La nueva legislación comunitaria ha terminado acercando ambas estrategias: los Estados podrán crear centros en terceros países para personas obligadas a abandonar la Unión. Lo que hace poco se denunciaba como una excentricidad de gobiernos «ultraderechistas» ha entrado en el ordenamiento comunitario y cuenta con el respaldo de una mayoría de gobiernos.

La alianza Meloni-Frederiksen tiene por eso un significado que va bastante más allá de las dos dirigentes. La inmigración está creando en Europa una frontera política distinta de la tradicional división entre izquierda y derecha.

La inmigración ha conseguido incluso alterar las alianzas parlamentarias. Frederiksen ha defendido abiertamente aceptar votos situados a su derecha para sacar adelante medidas migratorias. Su argumento es elemental: si existe una mayoría política para una medida que considera necesaria, la procedencia ideológica de los votos no debería impedir aprobarla. Esa actitud ha provocado fuertes críticas dentro de la izquierda europea, precisamente porque amenaza uno de los instrumentos fundamentales de la política comunitaria de los últimos años: el cordón sanitario que pretende mantener determinadas iniciativas fuera de la legislación por proceder de partidos considerados radicales.

España se encuentra casi en el extremo contrario de esta transformación. La política de regularizaciones defendida por Sánchez ha provocado críticas de otros gobiernos porque, dentro de Schengen, las decisiones migratorias de un Estado terminan afectando a los demás. El choque del Consejo Europeo de junio hizo visible el aislamiento español y la crisis de Ceuta ha devuelto la disputa a primer plano esta semana.

Hay una ironía difícil de pasar por alto. El Gobierno de Sánchez puede presentar su política como inequívocamente progresista, pero la dirigente que encabeza buena parte de la oposición europea a esa política es también socialdemócrata.

Durante años, la discusión europea sobre inmigración se presentó como un enfrentamiento entre una derecha que exigía restricciones y una izquierda que las consideraba moralmente sospechosas. Dinamarca ha roto ese esquema. Suecia, Alemania y otros países han ido endureciendo también sus posiciones, mientras las instituciones comunitarias han pasado de discutir cómo repartir solicitantes de asilo a debatir cómo devolver a quienes no tienen derecho a quedarse.

Meloni y Frederiksen no han dejado de ser derecha e izquierda. Siguen discrepando en multitud de asuntos y representan tradiciones políticas muy diferentes. Pero cuando hablan de inmigración la vieja etiqueta explica cada vez menos.