Las protestas violentas del pasado 17 de octubre dejó más de 2.600 detenidos en Francia, Italia y Bélgica, y cerca de 700 agentes heridos. Lo que los gobiernos se resisten a escribir es quiénes rompieron los escaparates. La mayoría son jóvenes de la periferia, menores extranjeros en su mayoría e hijos de la inmigración masiva amparados por la ultraizquierda.

Francia veta la estadística étnica, así que Darmani —su ministro de Justicia— habla de edad y antecedentes. El 70% de los 2.331 en custodia policial eran mayores y «muy a menudo conocidos de la Policía». Lo que calla Francia lo dicen los tribunales en base a las detenciones más recientes. En Marsella, Amine, argelino de 22 años con seis en Francia, recibió doce meses de cárcel y expulsión definitiva por enfrentamientos violentos contra la Policía. En Lyon, M., de 21 años, llegado de Argelia en 2020, fue detenido con seis carteras y dos bolsos de Louis Vuitton un día después de recibir la orden de abandonar Francia; seis meses y dos años de expulsión, igual que otros dos condenados en situación ilegal. En París, un estudiante tunecino de 20 años con el permiso de residencia a punto de caducar entró en prisión por lanzar proyectiles a las autoridades francesas.

El silencio belga

La Policía describe al grupo de la plaza Albertine como «muy numerosos y menores», algunos de menos de doce años, con focos en Anderlecht, las Marolles y Lemonnier-Stalingrad, barrios de fuerte presencia magrebí. Ya ocurrió en junio, con 17 menores a disposición de la fiscalía, y entonces Tom Van Grieken denunció que eran «sobre todo jóvenes de origen extranjero».

El ministro Quintin habla de «violencia organizada y repetida para desestabilizar nuestra sociedad», pero ningún comunicado menciona el origen. Un Estado que detiene a niños de doce años en los mismos barrios dos veces en cuatro meses y no quiere saber de dónde vienen no protege a nadie; se protege a sí mismo.

El aliado vestido de negro y los que pagan

La ultraizquierda y las hordas de la periferia en la calle se reparten el trabajo. Los black blocs (radicales vestidos de negro y encapuchados), que en París se contaron por centenares y a cuyo entorno pertenece el activista fichado detenido por el incendio del ayuntamiento de Limoges, se enfrentan a los antidisturbios y rompen los primeros cristales; los jóvenes de la periferia llegan detrás y entran a saquear.

El fiscal de Marsella lo vio en Amine, el argelino condenado, al que describió como un black bloc por la ropa. Unos quieren derribar el sistema, los otros nunca lo sintieron suyo y el sábado coincidieron en el mismo escaparate.

Quien paga tiene nombre. En Lyon, a Vanessa Rusdikian-Rivas le vaciaron a medianoche la joyería que regentaba desde hacía veinte años. «He perdido todo», dice, son 50.000 euros que el seguro no cubrirá. Kelly Ingargiola se plantó sola ante adolescentes de catorce años. En Milán, el titular de Rinascimento lo resume, «nos destrozaron las vitrinas, entraron y se llevaron las pieles», y nadie le pagará los daños.