En una decisión que ha generado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la justicia francesa, la Corte de Apelación de París ha autorizado la liberación condicional de Boualem Bensaïd, el terrorista argelino de 57 años condenado a cadena perpetua por su rol central en la ola de atentados islamistas de París en 1995. Bensaïd, considerado el coordinador de los ataques perpetrados por el Grupo Islámico Armado (GIA), saldrá en libertad el 1 de agosto tras casi 30 años en prisión, con la condición de ser expulsado inmediatamente a Argelia. Esta medida, aunque pretende mitigar el riesgo de su permanencia en suelo francés, es vista por muchos como un acto de debilidad frente al terrorismo, que ignora el dolor de las víctimas y envía un mensaje peligroso en un contexto de amenazas persistentes.

Los atentados de 1995 marcaron un capítulo oscuro en la historia reciente de Francia. Entre julio y octubre de ese año, el GIA —un grupo extremista argelino que criticaba el apoyo francés al régimen de Argel— llevó a cabo seis explosiones en París y sus alrededores, dejando un saldo de 8 muertos y más de 200 heridos.

El más devastador ocurrió el 25 de julio en la estación Saint-Michel, donde una bomba casera fabricada con pólvora negra, clorato de sodio, tuercas, tornillos y clavos explotó, matando a 8 personas e hiriendo a 150. Bensaïd no sólo colocó esa bomba, sino que también participó en el atentado del 6 de octubre cerca de la estación de metro Maison-Blanche (18 heridos) y en la preparación del ataque del 16 de octubre en la estación Musée-d’Orsay del RER C (30 heridos). Durante su juicio en 2002, negó cualquier implicación en los hechos y su pertenencia al GIA, pero las pruebas, incluidas huellas dactilares en los explosivos, lo condenaron a perpetua —con un período máximo de 22 años—, ratificado en apelación en 2003.

Bensaïd finalizó su período máximo en 2017 y presentó al menos cuatro solicitudes de libertad condicional, todas rechazadas hasta ahora. La más reciente denegación fue confirmada por la Corte de Casación en mayo de 2025. Sin embargo, una nueva decisión el pasado 10 de julio cambia el curso, alineándose con una circular de política penal emitida en marzo de 2025 por el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que insta a los fiscales a solicitar sistemáticamente la «liberación-expulsión» para nacionales extranjeros condenados, reduciendo así la probabilidad de apelaciones por parte de la fiscalía antiterrorista. Su abogado, Romain Ruiz, celebró la noticia como «un esperanza para todos los que luchan contra la prisión perpetua y por la liberación de los presos políticos», una declaración que ha sido calificada de provocadora y fuera de lugar, ya que equipara a un convicto por terrorismo con disidentes políticos.

Esta liberación no solo reabre heridas del pasado, sino que plantea serios interrogantes sobre la efectividad de la justicia en casos de terrorismo. Críticos argumentan que esta decisión refleja una laxitud judicial que prioriza la «reinserción» sobre la seguridad pública y el respeto a las víctimas. En un momento en que Europa enfrenta amenazas islamistas renovadas —como los recientes incidentes en Francia y otros países—, liberar a un ideólogo del GIA podría interpretarse como un signo de debilidad, potencialmente inspirando a otros extremistas. Además, la expulsión a Argelia no garantiza nada. Fuentes argelinas ya han expresado reservas.

Otros implicados en los atentados han tenido destinos variados: Khaled Kelkal, otro cabecilla, fue abatido por la policía en 1995, mientras que Smaïn Aït Ali Belkacem cumple perpetua. Pero la liberación de Bensaïd pone en tela de juicio el compromiso francés con la lucha antiterrorista. En un país que ha sufrido ataques como los de Charlie Hebdo o el Bataclan, esta decisión parece un retroceso, priorizando políticas administrativas sobre la seguridad nacional.