Cerca de 1,85 millones de extranjeros recibieron prestaciones sociales o pensiones públicas en Reino Unido durante el último año, con un gasto estimado de 23.000 millones de libras (unos 26.400 millones de euros) en ayudas, pensiones y manutención infantil, según un informe del Centro para la Justicia Social (CSJ). El organismo prevé que el desembolso aumente hasta casi 27.000 millones de libras en 2030.

Los datos han reabierto el debate sobre el impacto de la inmigración en las cuentas públicas británicas, en un contexto de presión fiscal sobre familias y empresas. El análisis cifra en aproximadamente 1,4 millones los extranjeros que reciben actualmente prestaciones destinadas a personas en edad laboral y señala que el número de beneficiarios no británicos del Crédito Universal ha aumentado un 38% desde abril de 2022.

En declaraciones a The Sun, el exsecretario de Trabajo y Pensiones Iain Duncan Smith advirtió de la preocupación que estas cifras pueden generar entre los hogares británicos, especialmente por el incremento de la carga impositiva. A su juicio, el sistema de bienestar debe recuperar los principios de contribución y reciprocidad, al tiempo que facilita que las personas desempleadas encuentren trabajo y mejoren sus perspectivas económicas.

«Los sistemas de inmigración y bienestar social de Gran Bretaña se fundaron en la expectativa de que quienes llegaran aquí pudieran mantenerse a sí mismos y a sus familias», afirmó Duncan Smith. Añadió que el aumento del gasto asistencial requiere medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Por su parte, Chris Philp, portavoz de Interior de la oposición, sostuvo que una inmigración que aumenta sin un control adecuado incrementa la presión sobre los servicios públicos y las prestaciones sociales.

No obstante, el acceso a estas ayudas está sujeto a las condiciones de cada prestación y a la situación administrativa de los solicitantes. La mayoría de quienes llegan al país con visado están inicialmente sometidos a la restricción conocida como «no recourse to public funds», que limita el acceso a determinados fondos públicos. Sin embargo, existen excepciones y vías para obtener derechos adicionales, como la residencia indefinida o el Programa de Asentamiento de la Unión Europea.

El Gobierno británico cuestionó las conclusiones del CSJ y aseguró que no reconoce las cifras difundidas por el organismo, al considerar que se basan en una encuesta con una muestra pequeña. Además ha propuesto ampliar de cinco a diez años el periodo de residencia exigido habitualmente para acceder a la residencia permanente, con itinerarios más cortos para determinados inmigrantes que contribuyan especialmente al país.