Reino Unido mantiene una de las paradojas más controvertidas de su sistema migratorio y de bienestar: inmigrantes procedentes de países donde la poligamia es legal pueden recibir beneficios públicos adicionales por cónyuges extra, pese a que esta práctica no puede contraerse legalmente dentro del país.

La polémica ha vuelto al debate público después de que se conociera la actualización anual de determinadas prestaciones del Departamento de Trabajo y Pensiones. Según la prensa británica, los cónyuges adicionales en matrimonios polígamos reconocidos por la legislación británica pueden generar incrementos dentro de ayudas como Pension Credit o Housing Benefit, dos prestaciones heredadas del sistema anterior.

La clave está en la distinción legal. Reino Unido prohíbe la bigamia y no permite celebrar matrimonios polígamos en su territorio. Sin embargo, puede reconocer como válidos algunos matrimonios contraídos en el extranjero si se celebraron en países donde la poligamia está permitida y si las partes estaban domiciliadas en una jurisdicción que admite esa práctica.

En la práctica, esta situación afecta principalmente a inmigrantes procedentes de países de mayoría musulmana o de sociedades donde la poligamia sigue siendo legal o socialmente aceptada. La norma no permite formar nuevos hogares polígamos dentro de Reino Unido, pero sí conserva efectos administrativos para determinadas familias que llegaron ya constituidas bajo ese modelo.

De acuerdo con las cifras difundidas, un cónyuge adicional por encima de la edad de pensión estatal puede generar una cuantía extra de 125,25 libras semanales en algunos supuestos de Pension Credit o Housing Benefit, frente a las 119,50 libras anteriores. La cantidad está sujeta a los límites generales de prestaciones por hogar.

El Gobierno británico defiende que este sistema no ofrece una ventaja financiera real, ya que el cálculo parte de la cuantía estándar de una pareja y añade por cada cónyuge adicional una diferencia inferior a lo que esa persona recibiría si reclamara como soltera. Sin embargo, para los críticos, la cuestión no es sólo contable, sino de coherencia legal y cultural.

La contradicción es evidente: el Estado británico penaliza la poligamia dentro de sus fronteras, pero admite efectos económicos de hogares polígamos formados en el extranjero. El resultado es un sistema en el que prácticas incompatibles con el modelo jurídico británico terminan recibiendo reconocimiento administrativo a través del Estado del bienestar.

La controversia llega en plena presión migratoria y con un debate cada vez más intenso sobre integración, ayudas públicas y multiculturalismo. Reform UK y otros sectores críticos con el consenso migratorio denuncian desde hace años que las instituciones británicas han permitido excepciones culturales que erosionan la igualdad ante la ley y generan agravios frente a los contribuyentes.

El caso también expone una de las tensiones centrales del multiculturalismo europeo: hasta qué punto un Estado debe adaptar sus normas y prestaciones a estructuras familiares importadas de otros contextos culturales. Para sus detractores, reconocer pagos adicionales a hogares polígamos supone normalizar por la vía administrativa una práctica que el propio ordenamiento británico rechaza.

El Universal Credit, que ha ido sustituyendo a muchas prestaciones para personas en edad laboral, ya no reconoce hogares polígamos como unidad familiar. No obstante, los restos del viejo sistema siguen permitiendo estas situaciones en determinadas ayudas, especialmente vinculadas a pensiones y vivienda.