Corre en las redes sociales un infográfico con la localización de los rescates de inmigrantes norteafricanos por parte de las armadas europeas y de barcos de innumerables ONG en el que puede apreciarse inmediatamente que no se trata de operaciones de salvamento en altamar, sino de ‘recogidas’ a un tiro de piedra de las costas magrebíes.

No es extraño que el comentario que suele acompañar los gráficos sean, más o menos, «esto no es un rescate; esto es un servicio de taxi gratuito para los inmigrantes».
Inmigrantes, sí, que ya está plenamente admitido por las autoridades comunitarias que el número de quienes solicitan asilo entre los que llegan es cada vez más reducido, y que entre estos últimos el fraude crece en la misma medida.
No es (solo) por ponernos medallas, pero poco a poco, con la boca pequeña y visible incomodidad, las estadísticas y los altos funcionarios empiezan a reconocer una a una todas las cosas que en LA GACETA fuimos diciendo desde el primer día de la crisis de los refugiados contra viento y marea, a contrapelo de toda opinión ‘respetable’, desde los peligros para la seguridad -ciudadana o de terrorismo- al dudosísimo cálculo económico del Bundesbank y otros (¿»Pagarán nuestras pensiones»? En Alemania, cinco años después de su llegada, tres cuartas partes sigue sin haber trabajado un solo día, con un coste cada vez más difícil de asumir), pasando por su procedencia (¿todos sirios? va a ser que no), pasando por su condición de refugiados (minoría menguante), el desequilibrio demográfico (hombres jóvenes en su abrumadora mayoría) y otros tantos detalles significativos más.
Y uno de los aspectos en los que tampoco erramos se refería a esa foto que, como la belleza de Helena, lanzó al mar mil naves, la del cadáver del pequeño Aylán Kurdi en una playa turca. Entonces sugerimos que incentivar la avalancha produciría más naufragios porque provocaría, lógicamente, más intentos de alcanzar la mítica Europa Occidental que mana leche y miel. Este año ya han llegado a Italia más 58.000 inmigrantes, y 1.569 han muerto.
Decía Eric Hoffer que toda gran causa empieza como un movimiento, se convierte luego en un negocio y acaba degenerando en un mero sacacuartos. Y no cabe duda de que el Welcome Refugees empezó como una gran causa. Si está o no en la segunda fase es objeto de controversia, pero las acusaciones contras las ONGs de colaborar con los traficantes de seres humanos se multiplican.
La Organización Internacional para la Migración de las Naciones Unidas especifica que más del ochenta por ciento de los que llegan por mar arriban a las costas italianas, siendo Grecia el segundo destino preferente y nuestro país, el tercero.
En Italia, donde la situación es crítica, cada vez son más los responsables políticos que acusan a las ONGs se actuar como una especie de «servicio de taxi» para recoger a los refugiados junto a la costa africana y transportarlos luego a Italia en lugar de llevarlos de vuelta a salvo a África. Al menos, protesta un diputado italiano citado por la cadena Fox norteamericana, deberían llevarlos lugares más cercanos al origen, como Malta o Túnez.
También se multiplican las voces que piden investigar la financiación de los barcos ‘altruistas’ que transportan a estos inmigrantes, asegurando que en muchos casos se conchaban con los traficantes de personas, lo que les hace cómplices en las muertes de muchos inmigrantes que naufragan antes de ser rescatados o llegar a Europa.
«Si el Gobierno no se decide a pararles los pies a estos operadores de barcos [humanitarios], nos encontraremos sobrepasados por decenas de miles de inmigrantes africanos para final de año», señala a Reuters el diputado de la Liga Norte Paolo Grimoldi.
El instituto de análisis geopolítico GEFIRA se atreve a señalar en su página web esta colusión, asegurando: “Las ONGs holandesas, maltesas y alemanas son parte de la red de tráfico de seres humanos, y uno se pregunta si no serán estas ONGs organizaciones delictivas.
Con independencia de la bondad de sus motivos, su comportamiento es ilegal, y en países como los europeos, gobernados por una constitución, los delitos deben perseguirse con independencia de la buena intención de sus autores».
 
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