El Gobierno de Irlanda ha destinado más de 2,2 millones de euros durante 2025 y 2026 a mantener la seguridad de dos centros para solicitantes de asilo que actualmente permanecen vacíos, según las cifras facilitadas por el Ministerio de Justicia, Asuntos de Interior y Migración irlandés.

Los datos fueron revelados después de una pregunta parlamentaria presentada por el líder de Aontú, Peadar Tóibín, y afectan a dos instalaciones estatales del Servicio de Alojamiento de Protección Internacional (IPAS): River Lodge, situado en Newtownmountkennedy, en el condado de Wicklow, y el Midlands Accommodation Centre, en Lissywollen, en el condado de Westmeath.

En conjunto, el Estado gastó 1.356.968 euros en vigilancia durante 2025 y otros 906.215 euros en lo que va de 2026, lo que eleva la factura acumulada por ambos emplazamientos a más de 2,26 millones de euros.

Casi 1,8 millones para vigilar River Lodge vacío

El mayor desembolso corresponde a River Lodge. El centro dejó de albergar solicitantes de protección internacional en diciembre de 2024, después de que las malas condiciones meteorológicas obligaran a trasladar a sus residentes a otros alojamientos.

A pesar de permanecer sin usuarios desde entonces, el Gobierno gastó 1.302.515 euros en su seguridad durante 2025 y otros 480.408 euros durante 2026. Sólo estos dos ejercicios suman cerca de 1,8 millones de euros destinados a custodiar las instalaciones vacías.

River Lodge había abierto sus puertas en mayo de 2024 como parte de la respuesta del Ejecutivo irlandés ante la falta de plazas para solicitantes de protección internacional. Cientos de personas fueron alojadas allí en tiendas de campaña hasta su cierre siete meses después.

El Ministerio estudió durante 2025 la posibilidad de reconvertir las instalaciones para otro tipo de alojamiento, pero las evaluaciones técnicas —especialmente las relacionadas con el tratamiento de aguas residuales— concluyeron que no era viable continuar con el proyecto.

Las autoridades acordaron finalmente devolver los terrenos al Health Service Executive (HSE), el servicio público de salud irlandés. Entretanto, el recinto continúa bajo vigilancia.

El propio Ministerio reconoció ante el Comité de Cuentas Públicas que la seguridad debe mantenerse mientras culmina ese proceso debido a su evaluación del riesgo y a los episodios de protestas violentas registrados anteriormente en el lugar.

Otros 480.000 euros en el centro de Midlands en Irlanda

El segundo recinto es el Midlands Accommodation Centre de Lissywollen, en Athlone. El centro fue concebido inicialmente para alojar hasta 1.000 hombres solicitantes de protección internacional, aunque el número real de residentes quedó muy por debajo de esa capacidad. Terminó cerrando en 2025 después de que una impugnación presentada por cuatro concejales locales prosperase ante el Tribunal Superior.

Pese al cierre, el coste de seguridad alcanzó los 54.452,25 euros en 2025 y se disparó hasta los 425.806,92 euros durante 2026. En total, el Estado ha desembolsado unos 480.259 euros en la vigilancia de este emplazamiento durante ambos ejercicios.

El Ministerio de Justicia atribuye la necesidad de mantener personal de seguridad en ambos lugares a anteriores episodios de daños contra las instalaciones.

El ministro de Justicia, Jim O’Callaghan, explicó que las decisiones sobre vigilancia se adoptan teniendo en cuenta esos antecedentes y señaló que el Ejecutivo revisó en febrero de este año el dispositivo de seguridad para tratar de reducir costes.

Críticas por el gasto público

Tóibín ha cuestionado el desembolso y ha reclamado al Gobierno una mayor transparencia sobre el dinero destinado a seguridad en el conjunto de la red de centros de protección internacional. El dirigente de Aontú ha señalado que las cifras conocidas corresponden únicamente a dos instalaciones estatales y ha reclamado conocer cuánto cuesta la vigilancia en el resto del sistema IPAS.

Los servicios de seguridad de los centros gestionados directamente por el Estado forman parte de los contratos generales de mantenimiento de cada instalación, junto con otros conceptos como suministros, restauración o medidas de salud y seguridad. En los centros gestionados mediante contratos comerciales, por su parte, el coste de la vigilancia queda integrado dentro de la tarifa global abonada al proveedor.

El caso de River Lodge ya había provocado críticas por su coste antes de conocerse las últimas cifras. El Estado invirtió alrededor de 2,8 millones de euros en preparar el emplazamiento, que apenas pudo utilizarse durante unos meses antes de quedar inutilizado por las condiciones meteorológicas. Un documento oficial del Parlamento irlandés confirma que permanece sin alojar solicitantes de asilo desde diciembre de 2024.

La nueva información eleva ahora todavía más la factura: mientras los dos centros permanecen sin residentes, el contribuyente irlandés ha destinado más de 2,2 millones de euros sólo durante 2025 y 2026 a mantener su vigilancia.