Islandia decidirá este sábado si vuelve a abrir las negociaciones para incorporarse a la Unión Europea, más de una década después de abandonar un proceso que quedó bloqueado, entre otras razones, por el temor a perder soberanía sobre uno de sus principales recursos nacionales: la pesca.

La consulta llega completamente abierta. Una encuesta de Gallup publicada este viernes coloca al 51,6% de los islandeses en contra de reanudar las conversaciones, frente al 48,4% favorable. Apenas dos días antes, otro estudio de Maskína dibujaba el escenario contrario, con un 51,3% a favor y un 48,7% en contra.

Cerca de 400.000 ciudadanos están llamados así a pronunciarse sobre una cuestión que puede definir la relación del país nórdico con Bruselas durante las próximas décadas.

La votación no decidirá directamente la entrada de Islandia en la Unión Europea. Si vence el «sí», Reikiavik retomará las negociaciones y cualquier eventual acuerdo de adhesión deberá ser posteriormente sometido a un segundo referéndum.

La pesca vuelve a enfrentar a Islandia con Bruselas

El principal obstáculo continúa siendo el mismo que hizo descarrilar el anterior proceso: quién controla las aguas y los recursos pesqueros islandeses. Islandia solicitó formalmente entrar en la Unión Europea en 2009, después del colapso financiero de 2008, y comenzó las conversaciones al año siguiente. El proceso quedó congelado en 2013 y posteriormente fue abandonado. La política pesquera nunca llegó siquiera a negociarse plenamente.

Para una parte importante de los islandeses, la entrada en la Unión Europea podría amenazar el control nacional sobre las cuotas, los caladeros y el acceso extranjero a una industria profundamente vinculada a la historia y la independencia económica del país.

La líder de la oposición, Gudrún Hafsteinsdóttir, ha utilizado precisamente este argumento para advertir contra una eventual cesión de competencias a Bruselas. El Gobierno promete, por el contrario, que defenderá una excepción que permita mantener las aguas alrededor de Islandia como una zona especial de gestión pesquera bajo autoridad islandesa.

Entre sus objetivos figuran conservar el poder para determinar las capturas máximas permitidas, repartir las cuotas y mantener restricciones a la inversión extranjera en la industria pesquera. El problema es que esas condiciones tendrían que ser aceptadas por Bruselas durante las negociaciones.

Bruselas celebra la posibilidad de incorporar Islandia

Las instituciones comunitarias han recibido con entusiasmo la posibilidad de que Reikiavik retome el proceso. Islandia ya pertenece al Espacio Económico Europeo, al mercado único y al espacio Schengen, por lo que aplica una parte considerable de la normativa comunitaria sin ser formalmente miembro de la Unión.

Precisamente por ese elevado grado de integración, Bruselas considera que una eventual adhesión podría producirse con mucha más rapidez que la de otros candidatos.

Las estimaciones sitúan unas negociaciones completas en torno a uno o dos años, siempre que exista acuerdo sobre las materias más sensibles. Para la Unión Europea, incorporar Islandia supondría además sumar un país rico, políticamente estable, miembro de la OTAN y situado en una posición estratégica en el Atlántico Norte y el Ártico.

El Gobierno vende el euro como una oportunidad

La primera ministra socialdemócrata, Kristrún Frostadóttir, y el ministro de Economía, Daði Már Kristófersson, se encuentran entre los principales defensores de retomar las conversaciones.

Entre sus argumentos figura la posibilidad de que Islandia pueda terminar adoptando el euro, algo que presentan como una oportunidad para reducir la inestabilidad monetaria y ofrecer mayor seguridad a empresas y consumidores. Los partidarios de la adhesión también argumentan que Islandia ya debe aplicar numerosas decisiones europeas por pertenecer al Espacio Económico Europeo, pero carece de voto en las instituciones que las aprueban.

Para los detractores, sin embargo, esa mayor participación tendría como contrapartida ceder nuevas parcelas de soberanía nacional a Bruselas, especialmente en ámbitos como pesca, agricultura, comercio y regulación económica.