Casi siete de cada diez inmigrantes con orden de expulsión no son devueltos a sus países de origen o a otros Estados fuera de la Unión Europea. Así lo reconoce la Comisión Europea en su último Informe Anual sobre Asilo y Migración, publicado el pasado 6 de noviembre, que evidencia las dificultades de los Estados miembros para ejecutar las decisiones de retorno de extranjeros sin derecho legal a permanecer en territorio comunitario.
Según el documento oficial, entre julio de 2025 y junio de 2026 los países de la Unión Europea emitieron 463.000 órdenes de expulsión, mientras que durante ese mismo periodo únicamente se registraron 142.000 devoluciones efectivas a terceros países.
La tasa de retorno se situó así en el 31%. Aunque Bruselas reconoce una mejora, considera que el porcentaje continúa siendo demasiado bajo y advierte de la acumulación de expedientes de extranjeros que siguen en territorio europeo pese a tener una orden de salida.
Francia, Alemania y España encabezaron la lista de países que más órdenes de expulsión emitieron en términos absolutos. Por su parte, Alemania, Francia, Polonia, Suecia y Chipre concentraron más de la mitad de las devoluciones ejecutadas.
Los inmigrantes que recibieron más órdenes de expulsión procedían principalmente de Argelia, Marruecos, Turquía, Siria y Túnez. Sin embargo, las nacionalidades más frecuentes entre quienes fueron efectivamente devueltos correspondieron a Turquía, Georgia, Siria, Albania y Colombia.
La Comisión Europea también señala que las devoluciones aumentaron un 11% respecto al periodo anterior, mientras que las órdenes de expulsión disminuyeron un 5%. Más del 60% de los retornos efectuados fueron voluntarios.
Ante las dificultades para ejecutar las expulsiones, la Unión Europea ha aprobado una reforma de su normativa de retorno que contempla sanciones contra los inmigrantes ilegales que se nieguen a colaborar con las autoridades, incluida la reducción de determinadas prestaciones, multas y posibles consecuencias penales cuando estén previstas en las legislaciones nacionales.
Las nuevas disposiciones también permiten establecer centros de retorno en terceros países mediante acuerdos internacionales y facilitan el reconocimiento de las decisiones de expulsión entre los Estados miembros.
El informe refleja, además, que las entradas ilegales por las fronteras exteriores de la UE disminuyeron un 32% durante el periodo analizado. Pese a esta reducción, Bruselas admite que la ejecución de las expulsiones continúa siendo uno de los principales problemas de la política migratoria europea.
