La iniciativa Save Europe Act ya ha superado la barrera de las 320.000 firmas y mantiene un ritmo acelerado de adhesiones en su camino hacia el millón de apoyos que permitiría activar la respuesta obligatoria de la Comisión Europea. Según los datos actualizados por sus promotores, la campaña ha logrado reunir 321.233 firmas en apenas unos días desde su lanzamiento a principios de junio, superando con creces el primer hito de las 100.000 adhesiones y situándose ya por encima de las 500.000 como siguiente objetivo intermedio.

Impulsada por activistas como Eva Vlaardingerbroek y Martin Sellner, y con respaldo público de figuras como Santiago Abascal, la propuesta se ha presentado como una Iniciativa Ciudadana Europea que busca obligar a Bruselas a actuar de forma contundente ante lo que sus impulsores describen como una crisis migratoria sin precedentes. El texto, dirigido directamente a la Comisión, parte de la premisa de que los pueblos europeos tienen derecho a preservar su identidad colectiva, su patrimonio cultural y su modo de vida, y reclama un cambio radical en las políticas de asilo y migración de la Unión.

Entre las principales exigencias que plantea el documento destaca la necesidad de declarar una moratoria inmediata sobre las nuevas vías de inmigración procedentes de países no europeos, lo que implicaría suspender la tramitación de solicitudes de asilo vinculadas a motivos económicos, paralizar la concesión de visados de estudios y de reunificación familiar para ciudadanos no europeos, y limitar de forma estricta cualquier otra vía legal de entrada hasta que se recupere la cohesión social en los Estados miembros. Además, la iniciativa pide una reforma profunda de los actuales sistemas de migración y asilo, con un énfasis especial en el refuerzo de las fronteras exteriores mediante barreras físicas y tecnológicas, procedimientos rápidos de identificación y control, y mecanismos eficaces para garantizar retornos inmediatos.

Otro de los pilares centrales del texto es la exigencia de establecer un marco europeo para la remigración, tanto forzosa como incentivada, que permita devolver de manera sistemática a los inmigrantes en situación ilegal, a los solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas y a aquellas personas que hayan cometido delitos o representen una amenaza para el orden público. La propuesta también reclama eliminar los incentivos de carácter social que, según sus promotores, actúan como efecto llamada para la inmigración, restringiendo el acceso de no ciudadanos y de recién llegados a determinadas prestaciones y sistemas de apoyo.

Los organizadores han señalado expresamente que el formato de la Iniciativa Ciudadana Europea tiene limitaciones de alcance y que, por ello, el texto se centra en las medidas migratorias más concretas, aunque reconocen que serían necesarias actuaciones adicionales en ámbitos como la política familiar, la renovación demográfica o la preservación de la identidad cultural de los Estados miembros. Con el millón de firmas como meta última, la campaña busca forzar un debate institucional y una respuesta formal de la Comisión Europea a lo que describe como el riesgo de que los pueblos nativos de Europa se conviertan en minorías en sus propios países si no se producen cambios profundos en la gestión de fronteras y retornos.

La iniciativa ha generado un intenso debate público en redes y medios de toda Europa, con defensores que la presentan como una herramienta ciudadana para recuperar el control sobre la identidad y la seguridad de los Estados miembros, y críticos que la califican de extrema y la vinculan a corrientes identitarias. Mientras tanto, la recogida de firmas continúa abierta a través de la plataforma oficial, con el objetivo declarado de alcanzar cuanto antes el umbral que obligue a Bruselas a pronunciarse.