Un tribunal de apelación italiano ha ordenado la puesta en libertad de un imán afincado en Turín que había elogiado públicamente la masacre perpetrada por Hamás en Israel el 7 de octubre, al considerar que sus declaraciones no suponían una amenaza «concreta e inmediata» para la seguridad pública. La resolución ha provocado una ola de indignación en la derecha italiana, que acusa a parte del poder judicial de sabotear la acción del Estado frente al extremismo islamista.
El imán, Mohamed Shahin, ciudadano egipcio de 46 años y residente en Italia desde hace más de dos décadas, fue detenido el pasado 24 de noviembre por la policía antiterrorista después de que el Ministerio del Interior revocara su permiso de residencia y dictara una orden de expulsión tras sus declaraciones. Desde entonces permanecía internado en el centro de repatriación de Caltanissetta, a la espera de su deportación.
Sin embargo, sus abogados recurrieron la medida y el tribunal de apelación concluyó que las palabras de Shahin —pronunciadas durante una manifestación antiisraelí— no constituían un peligro actual para el orden público. En consecuencia, el imán ha quedado en libertad, pese a que la orden de expulsión sigue formalmente en vigor.
La decisión llega en un contexto de creciente tensión. Semanas después de las declaraciones del imán, un grupo de manifestantes que exigían su liberación asaltó la sede del diario La Stampa en Turín, el pasado 28 de noviembre, un episodio que incrementó la alarma por el potencial efecto movilizador de su discurso.
La primera ministra, Giorgia Meloni, reaccionó con dureza: «Hablamos de una persona que definió el ataque del 7 de octubre como un acto de «resistencia», negando su violencia. Para cualquiera con sentido común, eso equivale a justificar —si no a incitar— el terrorismo». Y añadió: «¿Puede alguien explicarme cómo se protege la seguridad de los italianos si cualquier iniciativa en esa dirección es sistemáticamente bloqueada por ciertos jueces?».
En la misma línea se pronunció Sara Kelany, diputada de Fratelli d’Italia y portavoz de inmigración del partido, quien calificó la resolución como «otra sentencia que va en contra de las decisiones del Estado para proteger a los ciudadanos». A su juicio, el fallo «satisface de facto las exigencias de la izquierda», que se movilizó en defensa de un imán que llegó a afirmar que «el asesinato de 1.200 personas y el secuestro de otras 250 no fue violencia, sino una reacción legítima».
Kelany subrayó además que la decisión se produce «tras la masacre de Sídney contra la comunidad judía», recordando el clima internacional de amenaza islamista. «El resultado es un escenario absurdo: en un momento tan delicado, la seguridad nacional queda en manos de los tribunales y no del ministerio competente, que había actuado de forma justa y necesaria frente a un individuo que legitima el terrorismo», afirmó.
El vicepresidente del Gobierno y líder de la Liga, Matteo Salvini, fue aún más explícito en su denuncia: «Es otro ejemplo de la extralimitación de una judicatura ideologizada y politizada que pretende sustituir a la política». Salvini vinculó directamente el caso con el referéndum sobre la reforma judicial que se celebrará en primavera: «Por suerte, en pocas semanas los ciudadanos tendrán una cita con la historia para votar sí a la reforma de la justicia y expulsar esta ideología de los tribunales».
El referéndum impulsado por el Ejecutivo de Meloni busca despolitizar la judicatura, a la que el Gobierno acusa de obstaculizar sistemáticamente sus políticas contra la inmigración ilegal y de frenar las deportaciones de extranjeros considerados un riesgo para la seguridad nacional. El caso Shahin se ha convertido, así, en un símbolo del choque entre el poder judicial y un Gobierno decidido a endurecer su respuesta frente al islamismo y la inseguridad.
