En una decisión que ha reabierto el debate europeo sobre soberanía y activismo migratorio, un tribunal de Palermo ha ordenado al Estado italiano pagar más de 76.000 euros a la ONG alemana Sea Watch por la incautación del buque Sea Watch 3 en 2019 en Lampedusa.
El caso se remonta al episodio que convirtió a la capitana alemana Carola Rackete en icono del activismo «antifascista» europeo. En junio de 2019, Rackete forzó la entrada en el puerto de Lampedusa con 42 inmigrantes recogidos frente a las costas libias, pese a la prohibición expresa del Gobierno italiano, entonces liderado en política migratoria por el ministro del Interior Matteo Salvini.
Durante la maniobra de aproximación, el buque llegó incluso a impactar contra una embarcación de la Guardia di Finanza. El Ejecutivo respondió con la incautación del barco y la detención de Rackete, que fue acusada de resistencia a la autoridad y de poner en riesgo la seguridad fronteriza. Meses después, los cargos fueron archivados.
Ahora, siete años después, el tribunal de distrito de Palermo considera que la retención del barco fue «injustificada» y obliga a Italia a reembolsar a la ONG los gastos portuarios, de combustible y los costes legales acumulados durante el proceso.
Desde el Gobierno actual, la reacción ha sido inmediata. La primera ministra Giorgia Meloni calificó la resolución de «vergonzosa» e «increíble», recordando que «Carola Rackete embistió deliberadamente una patrullera para introducir migrantes ilegalmente en Italia» y defendiendo que las fuerzas de seguridad actuaron correctamente al incautar la nave.
Sea Watch, por su parte, celebra el fallo como una «victoria» y una validación de su labor en el Mediterráneo central, donde lleva años trasladando a costas italianas a personas recogidas en embarcaciones precarias operadas por redes de tráfico de personas.
