La Corte de Apelación de Bucarest ha asestado un duro golpe al proceso judicial contra el político soberanista Călin Georgescu al declarar que una parte importante de las pruebas utilizadas por la Fiscalía fueron obtenidas de forma ilegal.

La decisión judicial deja fuera del caso decenas de testimonios y materiales de la investigación, lo que debilita seriamente la acusación contra el antiguo candidato presidencial, que fue apartado de la carrera electoral pese a haber liderado la primera vuelta de las elecciones.

Georgescu, conocido por sus posiciones nacionalistas y por sus críticas a la OTAN y a la Unión Europea, irrumpió con fuerza en la política rumana durante las elecciones presidenciales de 2024. Contra todo pronóstico, el candidato encabezó la primera ronda de votación celebrada en noviembre de ese año.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Rumanía anuló posteriormente los resultados electorales alegando supuestas interferencias y financiación irregular de campaña. La decisión provocó protestas y denuncias de manipulación política por parte de los seguidores del candidato.

Tras la anulación electoral, las autoridades iniciaron una investigación penal contra Georgescu. En febrero de 2025 la Fiscalía abrió un procedimiento que culminó meses después con su imputación por presuntos delitos de incitación a la violencia y tentativa de alterar el orden constitucional.

La acusación se apoyaba principalmente en una supuesta colaboración entre Georgescu y Horațiu Potra, exmiembro de la Legión Extranjera francesa y líder de un grupo al que las autoridades calificaron de estructura paramilitar. Potra fue investigado junto a su hijo, su sobrino y otras personas acusadas de formar un grupo armado ilegal.

El proceso judicial contra el político rumano incluyó medidas restrictivas que le impidieron presentarse a la repetición de las elecciones presidenciales celebradas en mayo de 2025. Georgescu siempre ha rechazado las acusaciones, calificándolas de persecución política.

La resolución judicial ahora conocida se centra en las irregularidades detectadas en la obtención de pruebas por parte de la Fiscalía General de Rumanía durante registros relacionados con Potra. El juez Mihai Paul Cozma determinó que varios testimonios utilizados en el proceso procedían de personas que posteriormente fueron imputadas en el mismo caso, lo que vulneraría el derecho a no autoincriminarse recogido en la legislación penal rumana.

Por este motivo, el tribunal ha declarado nulas esas declaraciones y ha ordenado su exclusión del expediente judicial, junto con las grabaciones de los interrogatorios y cualquier referencia a ellas en la acusación.

La resolución subraya que las pruebas obtenidas de forma ilegal no pueden utilizarse en un proceso penal, lo que deja al caso en una situación de gran incertidumbre. El tribunal ha dado ahora un plazo de cinco días a la Fiscalía para decidir si mantiene la acusación en los términos actuales o si solicita devolver el caso para nuevas investigaciones.

La decisión ha sido celebrada por los aliados políticos de Georgescu, que denuncian que el proceso judicial formaba parte de una campaña para apartar del poder a una figura crítica con el establishment de Bruselas.